La Procuraduría General de la Nación (PGN) anunció este miércoles 5 de febrero, que abrió investigación disciplinaria contra el exalcalde del municipio de Malambo, departamento del Atlántico, Rumenigge Monsalve Álvarez, quien ocupó el cargo de elección popular entre 2020 y 2023, por la presunta no ejecución de dos contratos por un valor de 11 mil 673 millones de pesos aproximadamente.
El primer contrato, denominado LP-006-2021, por un monto aproximado de $5.223 millones, al que se le hizo una adición por un valor de 989 millones de pesos, para un total cercano a los $6.212 millones, tiene por objeto “la extensión, optimización, anulación y sectorización de redes de abastecimiento y distribución primarias y secundarias de acueducto”.
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Entre tanto, el segundo contrato, denominado LP-011-2021, por una cifra aproximada a los $5.460 millones, fue suscrito para realizar la “construcción de redes de acueducto en los barrios subnormales etapa 2 (La Victoria, Cañahuate, Gladiador, La Fe, San Martín, Villa Esther 2, entre otros)”.
“La Procuraduría Provincial de Barranquilla investiga si durante la administración del exalcalde Monsalve los dos compromisos de obra fueron desarrollados en su totalidad, en caso de que se hayan ejecutados deberá presentar o anexar copias de las actas del recibido a satisfacción final y la liquidación de los mismos”, señaló la entidad en su comunicado.
De igual forma, en el documento de notificación que en días pasados fue enviado a la alcaldía de Malambo, la PGN le solicita al exmandatario municipal que “en el evento de que las obras estuvieran suspendidas, deberá indicar las razones que motivaron dicho aplazamiento. Además, Monsalve estará en la obligación de señalar que si se hizo adición a los contratos demostrar dónde se encuentra la red matriz”.
Asimismo, el Ministerio Público pide que “si el contrato LP-011-2021 fue suspendido, se determinen con argumentos cuál fue la causa por la que se paralizó la obra, y cuáles fueron las acciones tomadas por la alcaldía, a través de la Secretaría de Infraestructura que permitieran dar solución a la problemática y reiniciar los trabajos”.
Por otra parte, el ente de control también solicita que informe el nombre del interventor de los dos contratos, en caso de ser funcionario de la alcaldía, certificar nombre, cargo y dependencia a la cual se encuentra adscrito.
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Actualmente, debido a ese incumplimiento en la ejecución de las obras, que le correspondía al gobierno anterior pero que por desorganización y sin compromisos de las fuentes de garantía de pago ante Findeter, la actual administración volvió hacer la gestión del proceso ante la Banca de Desarrollo Territorial y en el mes de septiembre del 2024 se logró obtener el desembolso de los recursos económicos que permitió reactivar los trabajos que se estima serán entregados al servicio de la comunidad en los próximos meses.
