Aunque el Gobierno nacional anunció su compromiso de desembolsar $800 mil millones hasta el mes de abril para frenar un apagón financiero en el corto plazo, las alertas siguen encendidas por parte de los gremios del sector ante la falta de soluciones concretas.
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José Camilo Manzur, director Ejecutivo de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), aseguró a EL HERALDO que se han presentado una serie de propuestas al Ejecutivo para empezar a saldar la deuda que sigue incrementándose.
¿Cuál es el panorama de las deudas en el sector eléctrico? ¿Cómo impacta el compromiso del Gobierno de girar $800 mil millones hasta abril?
A corte del 31 de enero, las empresas comercializadoras tienen saldos por cobrar del orden de $7.4 billones, a pesar del abono que se hizo de cerca de $200 mil millones en el primer mes del año por concepto de subsidios.
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De ese total, $2.8 billones corresponden a subsidios que han entregado las empresas a los usuarios, $3.2 billones son opción tarifaria, aunque cada vez va disminuyendo un poquito porque se están recuperando los saldos. Además, hay un billón de deuda de usuarios oficiales y $400 mil millones asociados a los precios de bolsa.
Valoramos la convocatoria que hizo el contralor general de la República, en la que participó el procurador y el ministro de Hacienda, aunque lamentamos que no haya estado presente el ministro de Minas.
En ese espacio, el ministro de Hacienda se comprometió a realizar un abono en estos tres meses de $800 mil millones, que serán pagados de la siguiente manera: $350 mil millones en febrero, $250 mil millones en marzo y $200 mil millones en abril.
Si bien es cierto que es un valor importante y es un alivio, la deuda seguirá incrementándose porque para este trimestre, el déficit de subsidios será cercano a un billón. Si nos están dando $800 mil millones, la deuda que en enero está en $2.8 billones, en abril subirá a $3 billones aunque se cumpla la palabra del ministro de Hacienda.
Lo que observo es que la deuda de subsidios en vez de disminuir, se aumentará, porque evidentemente lo que se está pagando es parte del año anterior.
Ante este panorama, ¿qué salidas se han propuesto desde el gremio?
Le hemos pedido al ministro de Hacienda que esos pagos que se van a realizar no los hagan de manera selectiva, sino que se haga de manera proporcional al déficit y a los recursos que han entregado las empresas en materia de subsidios.
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Hemos pedido que se haga un esfuerzo adicional y se pongan al día porque los subsidios son un tema prioritario desde el punto de vista presupuestal. Además, hemos solicitado que se permita el cruce de impuestos de renta con el pago de subsidios, solamente en aquellas empresas que tienen utilidades, porque no todas las tienen.
También hemos planteado que se expidan certificados para nosotros poder negociar esa deuda en el mercado financiero, que se permita la titularización de la deuda para poder tener un poco más de oxígeno.
Al procurador le pedimos que adelante las investigaciones disciplinarias y sancione de manera ejemplar a quienes no apropian y pagan los servicios públicos. Vemos hoy con buena satisfacción que se emitió una circular que exhorta a los alcaldes y gobernadores para que se pongan al día con las deudas de servicios públicos.
¿Cuál es el impacto de la deuda del sector oficial para las comercializadoras de energía?
De los $7.4 billones de deuda, el 60 % corresponde a entidades del orden nacional y territorial. Incluso, pudiera ser mayor si nosotros contabilizamos dentro de la deuda pública la promesa que hizo el presidente Gustavo Petro de asumir la deuda de la opción tarifaria. En ese escenario, estaríamos hablando que la deuda pública sería algo más del 80 %.
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Lo paradójico del tema es que la mayor parte de la crisis financiera que estamos viviendo es causada por deuda pública. Por eso insistimos en el llamado respetuoso al Gobierno nacional y los entes territoriales para que paguen las deudas que tienen.
¿Hay riesgo de que los usuarios más vulnerables del país dejen de recibir los subsidios de energía?
Muchas personas nos han preguntado que pareciera que el incumplimiento se da porque el Gobierno no quisiera seguir asumiendo ese compromiso. Yo creo que es importante recordar que los subsidios le llegan a 13.5 millones de usuarios de los estratos 1, 2 y 3.
Los subsidios se financian con la contribución que hacen los usuarios de los estratos 5 y 6 y usuarios comerciales y el déficit –porque la contribución no alcanza a cubrir la totalidad de los subsidios- es asumido por el presupuesto de la Nación.
Si no hay recursos del presupuesto, si no se continúa financiando los subsidios, los impactos son significativos en las facturas de los usuarios.
Por ejemplo, si en el departamento del Chocó no se disponen de subsidios, las alzas en la factura serían cercanas al 140 %, mientras que en la región Caribe se incrementaría en un 100 %. Nosotros quisiéramos continuar financiando los subsidios como lo hemos hecho, pero con una deuda de una magnitud de 7.4 billones de pesos nos queda difícil.
Aquí estamos en la disyuntiva de en qué usar los pocos recursos que recibimos, si pagar ar los compromisos de compra de energía y evitar un apagón físico o para asumir financiar los subsidios y evitar un impacto a los usuarios.
Muchas empresas no tienen recursos para ninguno de los dos escenarios, lo que conduciría a un apagón financiero. De ahí el llamado a que se paguen las deudas, porque no pagar apaga y perjudica a todos los usuarios del país.
Además de la crisis financiera, ¿hay otras preocupaciones que rondan al sector?
El total de los recursos adeudados no contemplan impactos que se generan para las empresas en el Caribe colombiano como lo son el fraude y las dificultades de recaudo. Si sumamos esos valores sería terriblemente alto. Esos 7.4 billones representan algo más de dos años de ingreso bruto de la actividad de comercialización. Actualmente, la actividad de comercialización no es viable en el país.
También vemos con preocupación una resolución expedida por la Creg para la revisión y remodelación, donde plantea reducir la remuneración entre un 33 % y un 45 %. Si actualmente no son viables las empresas, mucho menos lo serán con esas reducciones.
