El Distrito de Barranquilla se pronunció con prudencia este domingo 9 de febrero, luego de que se conociera el fallo del Consejo de Estado en el cual anulaba la ordenanza 000075 del 7 de diciembre del 2009, por la cual la Asamblea del Atlántico en su momento estableció los límites territoriales entre la ciudad y el municipio de Puerto Colombia.
La administración de la capital atlanticense señaló que han verificado el estado de la demanda y que en efecto se percataron del fallo.
Lea más: El Corredor Universitario: ¿de Barranquilla o Puerto Colombia?
“La Alcaldía del Distrito de Barranquilla informa a la ciudadanía que, al consultar el día de ayer la plataforma Samai, verificó que el Consejo de Estado confirmó la sentencia del 14 de diciembre del 2016 proferida por el Tribunal Administrativo del Atlántico, mediante la cual se declaró la nulidad de la Ordenanza No. 000075 del 7 de diciembre de 2009, que establecía los límites entre el Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla y el Municipio de Puerto Colombia”, explicó.
Sin embargo señaló que por el momento, no se van a referir al contenido de la misma, por lo menos, hasta ser legalmente notificados de la sentencia, señalando que no este trámite no se ha surtido en los términos de ley.
Lea más: Puerto no baja los brazos en disputa por Corredor Universitario
“No obstante, la administración distrital se encuentra a la espera de la notificación oficial de esta sentencia de segunda instancia. Una vez se conozca el contenido de la misma, el equipo jurídico, en articulación con las dependencias competentes, adoptará las medidas necesarias para su efectiva aplicación”, cerró.
Por el momento cerca de 1.402 hectáreas del Corredor Universitario, en el cual se ubican varios colegios, universidades, almacenes de cadena, clubes sociales y villas campestres, le volverían a pertenecer a Barranquilla.
Lea más: El mapa de obras en el Atlántico durante el 2025
Todo el pleito jurídico proviene de una demanda instaurada por el ciudadano Alexánder Polo Del Vechio en diciembre de 2009, que tuvo una primera sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico en diciembre de 2016, que declaró la nulidad de la mencionada ordenanza departamental, elevando el caso a una próxima instancia, donde se pronunció el Consejo de Estado.