Luego de que la Corte Constitucional le diera la orden de rediseñar la fórmula para liquidar la UPC al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, el representante a la Cámara Hernán Cadavid denunció penalmente que el ministro no ha cumplido con el exhorto de la Corte.
Ante esto, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, reiteró que el Ministerio de Salud debe cumplir con el fallo y que la Procuraduría pondrá la lupa para que se acate.
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“Las autoridades jurisdiccionales definen las situaciones que el Ejecutivo o el Legislativo no han podido definir. Entiendo que empieza a correr un plazo para que el Ministerio de Salud cumpla con la obligación de rediseñar la fórmula para la liquidación del valor nominal de la UPC. Esa es una orden que debemos cumplir todos y la Procuraduría estará atenta para que así sea”, sentenció.
Asimismo, expresó que una vez lo cumplan, deben encargarse de hacer las transferencias a quien correspondan.
“El exhorto es una orden, una decisión ya definitiva de la Corte Constitucional que obliga al señor ministro y al Ministerio en general a aplicar lo que le dijeron en el fallo anterior, que es rediseñar la fórmula para liquidar la UPC. Y con esa medida nueva la idea es empezar a hacer las transferencias”, indicó.
Finalmente, el procurador comentó que cuentan con una delegada que se está encargando de responder por estos asuntos en materia de salud.
La denuncia
La denuncia penal de Cadavid se dio a conocer durante un debate de la reforma a la salud ante la plenaria de la Cámara. Según el representante, el ministro desacató los autos de la Corte 2049 de 2024, la cual le ordena el pago de los presupuestos máximos y el aumento de la UPC.
Según el congresista, el siguiente paso a seguir es que la Fiscalía General de la Nación abra una investigación que determine si el Ministro cumplió, o no, la orden del alto tribunal.
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“Pese a estas órdenes de obligatorio cumplimiento, el Ministerio de Salud no ha realizado los pagos ni expedido los actos administrativos ordenados por la Corte Constitucional. Como consecuencia de este incumplimiento, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) se han visto gravemente afectadas, comprometiendo la prestación del servicio de salud y vulnerando derechos fundamentales de la ciudadanía”, aseguró.
