La decisión del Consejo de Estado de tumbar la ordenanza que fijaba los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia ha abierto la puerta a un nuevo capítulo en esta centenaria disputa, generando más dudas que certezas entre la ciudadanía.
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Aunque para los habitantes de Villa Campestre y sectores aledaños, este fallo representa la posibilidad de ser parte de Barranquilla y dejar atrás los “años de abandono” por parte de las autoridades de Puerto Colombia, lo cierto es que se debe surtir un proceso que permita definir –y dejar en firme– los límites entre ambos territorios.
Así lo ha recalcado Víctor Cabarcas, ingeniero civil y asesor en gestión socio-predial, quien aseguró a EL HERALDO que el Consejo de Estado no ha cambiado los límites, dejando con vigencia aquellos que estaban vigentes de la modificación hecha con la ordenanza de 2009.
“En teoría, volvemos a los límites iniciales. La inquietud radica ahora en cuáles son los verdaderos límites, porque la información no es clara. En ese sentido, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) se constituye en la autoridad nacional para avanzar en la delimitación de ambos territorios”, sostuvo el experto.
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Cabarcas también aseguró que, mientras se resuelve esta situación, los residentes en el Corredor Universitario deberán honrar sus compromisos tributarios con Puerto Colombia, teniendo en cuenta que el fallo no determina lo contrario.
“Es un panorama interesante, porque en teoría, el Consejo de Estado y el Tribunal no han fallado para definir si el territorio en mención es de Puerto Colombia o de Barranquilla. Lo que es cierto es que los impuestos, en este momento, deben ser recaudados por Puerto Colombia”, anotó.
Los antecedentes históricos
En mayo de 1913, tan solo tres años después de la creación definitiva del departamento, la Asamblea expidió una ordenanza para definir la división territorial. En el documento, que fue registrado en los archivos con el número 30, se deja por sentado que para efectos administrativos y fiscales habrá dos provincias: Barranquilla y Sabanalarga.
En ese sentido, el municipio de Barranquilla, como capital de la provincia del mismo nombre, se conformó “con las agregaciones de Juan Mina, Arroyo Abajo, Boca de Caña, Buena Vista, Arroyo León, Camacho, Campo Alegre, Siape, El Pajal, Jinové, Los Botones, La Mohana, La Piña, Matamaíz, Mequejo, Peluy y La Loma”.
Puerto Colombia, por su parte, fue determinado como un municipio de esta provincia, “con las agregaciones de Salgar y La Playa”.
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En la década de los 60, según los registros históricos, desde la Asamblea se expidió una nueva ordenanza que buscaba definir los límites entre ambos territorios. Sin embargo, dicho acto fue derogado por el Consejo de Estado antes de finalizar el siglo XX.
En el año 1999, la Asamblea volvió a trazar los límites entre Barranquilla y Puerto Colombia –incluyendo también a Tubará– a través de una ordenanza, la cual no tuvo el visto bueno del Consejo de Estado a través de una sentencia expedida en 2004.
Previo a esto, el Congreso de la República expidió –en 1993– un acto legislativo que elevó a Barranquilla a la categoría de Distrito Especial, Industrial y Portuario. En ese sentido, definió que “abarcará la comprensión territorial del barrio Las Flores, el corregimiento de La Playa del municipio de Puerto Colombia y el tajamar occidental de Bocas de Ceniza en el río Magdalena, sector Ciénaga de Mallorquín”.
Cabe recordar que el Consejo de Estado expuso en su fallo que la Asamblea se atribuyó una serie de funciones propias del Congreso. De esta manera, la sentencia ratifica que las Asambleas Departamentales no tienen facultades para modificar límites distritales y que cualquier intento de hacerlo sin competencia legal es nulo.
De la misma manera, la decisión del Consejo de Estado confirma la primacía del principio de legalidad en la delimitación territorial y la reserva de ley en materia de división territorial en Colombia.
En ese sentido, de acuerdo con expertos consultados por EL HERALDO, los únicos documentos que se mantienen con validez alrededor de esta disputa corresponden a la ordenanza número 30 de 1913 y el acto legislativo 01 de 1993, que deben marcar el camino para fijar los límites entre ambos territorios.
Posiciones encontradas
Durante la última semana, las autoridades locales de Barranquilla y Puerto Colombia han adoptado posiciones antagónicas por el control de las 1.400 hectáreas que comprenden la zona en mención.
Desde el Distrito se ha resaltado que retoman el control del Corredor Universitario, mientras que desde el municipio porteño han sido enfáticos al sostener que mantienen el “control absoluto” sobre su territorio.
El alcalde Alejandro Char expresó que esta decisión refrenda el territorio de la ciudad tras años de disputa: “Es una confirmación de un fallo que ya había ganado Barranquilla hace nueve años. Le devuelven a la ciudad lo que ya tenía, pero hay que sentarse de todas maneras con el Igac, porque lo que queda firme ahora es una ley de 1913″.
Por su parte, el alcalde de Puerto Colombia, Plinio Cedeño, recalcó que junto al equipo jurídico se avanza en la revisión del siguiente paso en la defensa de su territorio.
“Soy enfático al decir que a Barranquilla no se le puede devolver lo que nunca ha tenido. Ese es territorio netamente porteño, lo hemos conservado toda la vida y así lo hemos demostrado y lo vamos a seguir conservando”, mencionó.
Además, expuso que “estamos dispuestos a agotar todos los procedimientos jurídicos, siempre y cuando, no se cercene ningún milímetro de nuestro territorio. Vamos a conservar lo que por ley nos pertenece y llegaremos a la mesa dejando claro nuestra posición: las 1.402 hectáreas son y seguirán siendo territorio porteño”.
Para Mauricio Villafañez, concejal liberal de Barranquilla, la decisión tiene implicaciones “significativas” para ambas jurisdicciones: “Barranquilla recupera 1.402 hectáreas del Corredor Universitario, una zona de alto desarrollo urbanístico que incluye instituciones educativas, comercios y residencias. Esta área es vital para el crecimiento económico y social de nuestra ciudad”.
En ese sentido, indicó que es fundamental que las autoridades de Barranquilla y Puerto Colombia trabajen conjuntamente para garantizar una transición ordenada y equitativa. Destacó, además, que “la colaboración entre ambas administraciones es clave para asegurar el bienestar de los habitantes y el desarrollo sostenible de la región”.
Visión de los ciudadanos
El líder social Alberto Mario Forero ha sido enfático al sostener que el fallo del Consejo de Estado debe conllevar a una serie de cambios en el Corredor Universitario, que comprende desde el pago de impuestos hasta el cambio de direcciones.
“Cuando se cumplan los plazos correspondientes, las licencias de construcción o de remodelaciones se deberán tramitar ante las Curadurías del Distrito, lo mismo que todos los certificados como Uso de Suelos, Edificabilidad, Densidad, etc., ante la autoridad competente del Distrito”, mencionó Forero.
Además, el líder social sostuvo que “el PBOT del municipio no tendrá vigencia y el Distrito de Barranquilla, con el POT que rige actualmente, le tocará hacer una revisión del tema de ordenamiento territorial”.
También mencionó que “todas las direcciones de correspondencia se deberán cambiar para la jurisdicción del Distrito de Barranquilla, así como las Juntas de Acción Comunal cambiarán de jurisdicción y les tocará realizar los respectivos trámites”.
Desde el Congreso se analizarán las implicaciones del fallo
Carlos Meisel, vicepresidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado, aseguró que vienen trabajando en la construcción de una salida a esta coyuntura y que la principal tesis es evitar afectaciones a los dos territorios.
“Tenemos que trabajar en un proyecto de ley que no maltrate a Puerto y que no maltrate a Barranquilla. El peor escenario es que esto tenga un limbo que no beneficia a la ciudadanía. Hay que recoger los argumentos de todos los que tienen competencias en esta controversia y tomar la decisión correcta. Sin atropellar a nadie”, sostuvo el congresista del Centro Democrático.
Aseguró que es preocupante que Puerto Colombia pueda perder el 60 % del recaudo en impuesto predial por esta situación: “En el mediano plazo, hay que tener en cuenta que no puede haber ninguna planeación ni presupuesto serio si los municipios no tienen claro sus recaudos”.
Recalcó que también es contraproducente que la ciudadanía no tenga certeza de a qué ente territorial pertenece.
“Así no podremos lograr el cambio político que hemos propuesto y es la posibilidad de alejarnos de la compra de votos, incentivando el voto espontaneo. Esto es muy difícil si la gente no tiene claro quiénes son sus dirigentes locales”, enfatizó.
Las acciones a implementar
Desde diversos sectores se ha venido construyendo una hoja de ruta alrededor de los pasos a seguir para zanjar las diferencias entre las partes y poder establecer los alcances del fallo.
EL HERALDO pudo establecer que desde el Distrito de Barranquilla se presentará –en los próximos días– un recurso ante el Igac para que se inicie una revisión detallada del caso, con el objetivo de adelantar un trazado limítrofe.
Tras la definición de esta información se procederá, de acuerdo con las fuentes consultadas, con la incorporación de los predios a la base catastral para el cobro de los predios.
