El Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia (Sintraelecol) elevó una solicitud para que se dé inicio a una investigación contra la empresa Afinia a raíz del anuncio hecho por su gerente general ante un “inminente” apagón, “sin que se hayan presentado explicaciones claras ni evidencia de que dicho anuncio se derive de una estrategia legitima para la administración del servicio”.
La petición fue hecha al Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Trabajo, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación para que se realice una revisión “exhaustiva” de la gestión administrativa, financiera y regulatoria de la empresa.
En ese se sentido, se pide a dichas entidades que se verifique si la empresa ha cumplido con los estándares de calidad y continuidad exigidos por la Creg, así como se revise el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales frente a sus clientes y ante las autoridades reguladoras.
Además, se insta a analizar los informes y auditorías que la empresa presenta a la Creg y a otras entidades de control, “con el objetivo de detectar posibles deficiencias en el cumplimiento normativo y en la gestión del sistema eléctrico”.
También piden que se evalúe la existencia y eficacia de los planes de contingencia implementados por la empresa para responder a eventos críticos, como apagones, así como determinar si estos están adecuadamente estructurados y probados.
Otro de los puntos corresponde a identificar si “la mala administración o las deficiencias en el mantenimiento han generado un incremento injustificado en la tarifa de energía que se traslada a los clientes”, así como revisar el desempeño de la empresa en comparación con otras del mismo sector.
El sindicato también invita a poner la lupa sobre la gestión financiera y la política de inversiones, así como el mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica, “para determinar si estas se realizan de manera óptima y transparente”.
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Con relación a la contratación de personal, Sintraelecol indicó que se estaría configurando la figura de intermediación ilegal, afectando a más de 6 mil trabajadores: “Está siendo utilizada como estrategia para precarizar sus condiciones laborales, debilitando la organización sindical y vulnerando las obligaciones derivadas de la Convención Colectiva”.
De acuerdo con el sindicato, el anuncio hecho desde la empresa “es un indicio preocupante que merece una revisión a fondo. La eficiencia administrativa y el cumplimiento de la regulación energética son fundamentales para garantizar la continuidad del servicio eléctrico y la confianza de los usuarios”.
