La “agobiante” situación financiera de las empresas de servicios de energía en Colombia ha llegado hasta las instancias judiciales, para obligar al Gobierno nacional a desembolsar los recursos que les adeuda a las compañías por concepto de subsidio de energía de los estratos 1, 2 y 3, opción tarifaria y la cartera del sector oficial.
Lea aquí: Juzgado de Valledupar admite Acción Popular para exigir pago del Gobierno a Afinia
En ese sentido, un juez administrativo de Bogotá ordenó embargar las cuentas del Gobierno nacional, por la suma de $83 mil millones, por una deuda con la empresa Centrales Eléctricas de Norte de Santander, filial del Grupo EPM.
Entre tanto, en Valledupar, el Juzgado Cuarto Administrativo admitió una acción popular interpuesta por la Liga de Usuarios y vocales de control con el fin de presionar al gobierno de Gustavo Petro para que se ponga al día con la empresa Afinia, también filial de Grupo EPM, que opera en los departamentos de Cesar, Córdoba, Sucre, Bolívar y 11 municipios del Magdalena.
Norman Alarcón, coordinador de la Liga de Usuarios de Servicios Públicos de la región Caribe, sostuvo que “la admisión de la acción popular es una extraordinaria noticia para los usuarios de la región Caribe que viven amenazados con la suspensión del servicios y por más aumento de las tarifas”.
Lea también: Minminas ordena a Superservicio inspeccionar y vigilar al Grupo EPM y sus filiales
Señaló además que los hechos que motivaron esta acción fue la falta de pago por parte de la Nación de los subsidios a los estratos 1, 2 y 3, así como el incumplimiento del pago de la opción tarifaria que se comprometió el presidente Petro en Barranquilla desde el 7 de mayo de 2024 y la deuda de las entidades oficiales.
De acuerdo con el gerente de Afinia, Ricardo Arango, el Estado, por menores tarifas adeuda, a corte de diciembre de 2024, un valor de 591 mil millones de pesos. Para enero de 2025, el acumulado asciende a 664 mil millones de pesos.
También agregó –en una carta enviada al ministro de Minas, Edwin Palma– que está pendiente que asuma el saldo por opción tarifaria, que asciende a 1.3 billones de pesos; de ese total, en los estratos 1, 2 y 3 se acumula un valor de 970 mil millones de pesos y los $425 mil millones restantes corresponden a los estratos 4, 5, 6 y a clientes con tarifas no residenciales.
Deudas del sector oficial
De acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis) tras un análisis sobre el estado de deudas que tienen los usuarios oficiales con las empresas prestadoras de servicio eléctrico, muestra un repunte de más de $200 mil millones, equivalentes a un incremento del 20 %, de manera que la deuda total de este segmento ascendió a $1,2 billones, al cierre de 2024.
Además: Deuda oficial con empresas eléctricas en el país alcanza los $1,2 billones, según Asocodis
José Manzur, director Ejecutivo de Asocodis, indicó recientemente que la cartera acumulada –a corte de diciembre del año anterior– supera los $7 billones. Explicó que $2,7 billones corresponden a los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, mientras que por opción tarifaria se adeudan cerca de 4 billones de pesos.
Además también se le suman las deudas por gas natural que están en el orden de los 628 mil millones de pesos.
Respuesta de Minminas
Luego de conocerse el embargo a las cuentas del Gobierno, el ministro Edwin Palma le ordenó al superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Yanot Marquez que ejerciera las funciones de inspección, vigilancia y control sobre EPM y sus filiales.
Según Palma esto es con el fin de verificar el cumplimiento de marco normativo y contractual.
“El Ministerio de Minas y Energía, en el marco de sus funciones de formulación, adopción y coordinación de la política pública en el sector, se permite solicitar a su despacho el ejercicio de dichas funciones sobre las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y sus filiales”, aseguró el ministro Palma a través de una misiva que fue conocida por EL HERALDO.
