El malestar del sector energético con el Gobierno nacional por el retraso de los pagos por concepto de los subsidios de los estratos 1, 2 y 3, opción tarifaria y la deuda del sector oficial viene en aumento, al punto que ha llegado a instancias judiciales para “presionar” los desembolsos.
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En los últimos días se conoció la orden de embargo a las cuentas del Gobierno por parte de un juez en Bogotá por la deuda con la empresa Centrales Eléctricas en Norte de Santander, filial del grupo EPM. Mientras que en Valledupar, el Juzgado Cuarto admitió una acción popular para exigir el pago a la empresa Afinia, también del Grupo EPM.
Pese a los desembolsos que ha venido haciendo el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, la deuda no baja.
De acuerdo con el director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), José Camilo Manzur, a corte de febrero de este año, la deuda total con las empresas comercializadoras se encuentra en el orden de los 7.4 billones de pesos.
De este monto, $ 2.7 billones corresponden a los subsidios que se entregan a los estratos 1, 2 y 3. Por opción tarifaria, el monto asciende a $3.1 billones, mientras que la deuda del sector oficial está en $1.2 billones.
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Por otro lado, se encuentra una deuda por 400 mil millones por los precios de bolsa de energía.
El líder gremial también señaló que la mayor preocupación está centrada en los dineros que corresponden a los subsidios: “De cierta manera la opción tarifaria tiene un esquema de recuperación. Unas empresas con más tiempo, otras con menos, pero con los subsidios dependemos básicamente de la voluntad del Gobierno”.
Manzur reconoció que hay una buena voluntad por parte del Ministro de Hacienda, Diego Guevara, y del nuevo ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, para gestionar la entrega de los recursos.
“Palma conoce la problemática, ha estado en Air-e. Él está ayudando para que se entreguen los aportes. Esperamos que en estos días, como lo habían prometido, hagan unos pagos importantes”, sostuvo.
Crece el desespero
A raíz de la tensión que hay, luego de que el Gobierno ordenara a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios inspeccionar al grupo EPM y sus filiales, EL HERALDO conoció que otros líderes del sector ven con preocupación esta acción.
Lo anterior, aseguraron, es que el Gobierno debe entender que hay empresas que están “tan desesperadas” que muchas vienen analizando diferentes alternativas jurídicas para recuperar su cartera, “y en ese caso ellos no deberían molestarse”.
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Anuncian pagos
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, anunció que la próxima semana se pondrán al día con el 93 % de las empresas de energía del país, con el desembolso de recursos de acuerdo con el compromiso que previamente habían hecho con el ministro de Hacienda.
Aseguró que pese a las dificultades fiscales “agravadas por los partidos de oposición, iremos poniéndonos al día en las deudas que tenemos con ellas”.
Con respecto a los subsidios, –que van aumentado mensualmente– explicó que estos tienen un período de facturación trimestral, pero con el ministro de Hacienda hay un compromiso de pago periódico para intentar estar al día con el año 2024.
Palma aseguró que espera llevar a cabo una nueva reunión con las comercializadoras para ratificar los acuerdos de pago.
Por otra parte, dio a conocer que el Ministerio de Energía “está cubriendo los montos adeudados del rezago presupuestal del 2024 con $1,5 billones de recursos gestionados con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de enero a marzo de 2025″.
Solicitud de desembargo
Desde el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se reiteró que las cuentas de la Nación y los recursos públicos son “inembargables”, pues están destinados al cumplimiento de las funciones propias del Estado.
Por tal razón, la cartera ministerial anunció que adelantará las gestiones necesarias para solicitar el desembargo inmediato, dado que la medida no se ajusta a lo establecido en la ley.
El ministro Diego Guevara se refirió al respecto y reiteró que la “inembargabilidad de los recursos públicos está protegida por la Constitución y la normativa presupuestaria, garantizando su destinación exclusiva al cumplimiento de las funciones del Estado”.
