Revuelo ha generado la solicitud hecha por la Superintendencia de Servicios Públicos de suministrar energía “bajo el principio de solidaridad” a la empresa Air-e, que se encuentra intervenida con fines liquidatorios.
La petición del ente de control fue hecha a las empresas AES Colombia, Celsia Colombia, Enel Colombia, EPM, Isagen e ISA Intercolombia, en el sentido de que suministre “a precios costo-eficientes la energía y la transmisión de energía que requiere Air-e para reemplazar el suministro de alto costo, hasta tanto la compañía sea estabilizada y pueda desarrollar su objeto social de manera adecuada”.
Dicha solicitud se encuentra sustentada en el artículo 6 de la Ley 143 de 1994, que expone que “el servicio se deberá prestar aun en casos de quiebra, liquidación, intervención, sustitución o terminación de contratos de las empresas responsables del mismo, sin interrupciones diferentes a las programadas por razones técnicas, fuerza mayor, caso fortuito o por las sanciones impuestas al usuario por el incumplimiento de sus obligaciones”.
Desde la Superservicios se ha enfatizado que la implementación de esta medida podría conllevar a una reducción de las tarifas de energía a los usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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En su comunicado, la entidad indicó que –según estudios propios– las empresas generadoras requeridas contaban en el 2024 con el 99% de la capacidad generadora que diariamente se reporta como disponible pero que no se generó por falta de mercado.
“Esa capacidad disponible tuvo un promedio diario del 37%, un mínimo del 18% y un máximo de 60%. El promedio solicitado para Air-e es tan solo una séptima parte del promedio disponible. También en el estudio se hace notable que para las empresas es cercano a cero el costo de la generación adicional requerida, por lo que no representa una dificultad económica”, agregó.
Las implicaciones
Amylkar Acosta, ex ministro de Minas y Energía, indicó que la Superservicios está adoptando funciones que son propias de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
“La Superservicios tiene funciones de supervisión y control, pero no para adoptar estas atribuciones. Esto va a generar un conflicto legal, porque las empresas se van a defender. Además, es muy subjetivo establecer que las empresas sean solidarias”, explicó.
Agregó que la ley de Servicios Públicos establece que el servicio de energía se debe prestar con una escala, eficiencia, calidad, continuidad y, por último, solidaridad.
“La máxima expresión de este criterio de solidaridad es lo que se le reconoce a los estratos 1, 2 y 3. La Superintendencia debería estar pidiendo al Ministerio de Hacienda que cumpla con el mandato de girar los subsidios”, enfatizó Acosta.
Por su parte, el ex congresista César Lorduy dijo que esta situación demuestra que los ejercicios implementados para buscar tarifas más eficientes en el Caribe colombiano no han dado los resultados esperados.
“El costo de la energía en los contratos sigue siendo un aspecto que tiene un gran peso en la prestación del servicio. Lo cierto es que esto es una advertencia, que si no hay acuerdos entre Air-e y los generadores, podemos estar frente a un apagón en la región Caribe”, dijo.
Mencionó, además, que el principio de solidaridad se aplica –de acuerdo con la normatividad– para la entrega de subsidios, más no para establecer precios de la energía: “Creo que el Gobierno se está anticipando a si algo pasa en Air-e, es culpa de los generadores y no del presidente Petro”.
Otros líderes del sector energético cuestionaron la medida anunciada por la Superservicios, en el sentido que actualmente se está comercializando la energía a costos competitivos.
“En este momento, el precio de la energía en la bolsa está por debajo de 300 pesos. El precio de la energía por contratos es más alto, si lo comparas. Evidentemente, el precio de la energía en bolsa es volátil”, expuso una fuente del sector a este medio.
