Desde la dirección del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Gustavo Marulanda Morales ha dado inicio al proceso de acompañamiento técnico para concertar una solución ante el diferendo limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia.
Aunque reconoce que el panorama es complejo, el funcionario no cierra la posibilidad a que se logre un acuerdo entre las partes, teniendo en cuenta que la definición final podría tomarse hasta dos años.
Hizo un llamado a las autoridades a pensar en las comunidades y poder brindarles certezas tras el fallo del Consejo de Estado que tumbó los límites entre los dos territorios.
¿Cuáles son los principales antecedentes del diferendo limítrofe entre Barranquilla y Puerto Colombia?
Esta controversia se suscita a causa del fallo del Consejo de Estado frente a la legalidad de la ordenanza 075 de enero de 2010, no de 2009, como ha sido citada por diferentes actores.
Cuando el máximo tribunal de lo contencioso administrativo tumba esa ordenanza, quedamos en un limbo frente a los límites entre estas dos entidades territoriales. El departamento y la Asamblea han tratado de encargase de ese tema desde el año 1912, con la ordenanza 017. En 1961, por su parte, salió la ordenanza 021 y después se expidió la ordenanza 075.
Ese es el récord de actuaciones de la Asamblea, pero el Consejo de Estado revoca el último acto porque dice que no tiene legalidad por un tema de competencias. La norma dice que el competente para esta labor es el Congreso de la República.
Es decir, que la Asamblea, en el año 2010, adelantó actuaciones que no le correspondían, porque no hizo caso a lo que establece la normatividad.
Por esa razón estamos sin un límite formal entre las dos entidades territoriales. Esto nos lleva a que tengamos que apelar al marco legal –que corresponde a la ley 1447, la ley 1617 y al decreto 1270– para saber cómo proceder.
¿Cuál es el camino que se debe recorrer para dar una solución a este diferendo limítrofe entre los dos territorios?
Aquí hay dos caminos, que a su vez se desprenden en dos más. El primero es el escenario de corto plazo, que comprende es la definición de un límite de transición. Eso lo establece la resolución de límites y la norma catastral.
Lo que dice es que cuando hay un límite que no esté definido totalmente, lo que hay que hacer es hablar con los gestores catastrales. Nosotros podemos ayudar a que entre los dos se pongan de acuerdo en un límite temporal.
En eso vamos a trabajar rápidamente desde la semana que viene, para que los dos gestores catastrales puedan trabajar en esa línea y definir el límite temporal. De forma paralela se adelantará el procedimiento de deslinde formal.
Ese es un proceso que ya empezó. Al quedarnos sin límites, nosotros –de oficio– podríamos haber dado apertura al proceso. Sin embargo, Barranquilla solicitó formalmente que se empiece el trámite y el alcalde de Puerto Colombia también nos dijo que quiere ser parte de esa solicitud.
Estamos esperando las correcciones de unos temas técnicos y formales en el envío de la información por parte de Barranquilla. Esperamos que antes de finalizar el mes estemos trabajando en esta línea, que es un poco más de mediano plazo.
Lo que se viene es la apertura de un acto administrativo y después citamos a los alcaldes, a los representantes de la comunidad, a los representantes de la Asamblea, a la Gobernación, para que concurran y empiecen a ser parte activa del proceso.
En la primera reunión se nombra al presidente, que será el encargado de coordinar la sesión de trabajo para definir el cronograma para la primera fase. Vamos a intentar que haya un acuerdo sobre un límite y que las dos partes se sientan tranquilas.
En este punto no hay un plazo, pero el cronograma –por lo general– corresponde a dos o tres meses para adelantar la conciliación entre las partes.
Si nos ponemos de acuerdo, firmamos el acta de conciliación del límite, que quedaría como límite provisional, mientras va al Congreso y se surte el trámite correspondiente para ser ratificado por vía de una ley de la República.
¿Y si no hay acuerdo?
Si no se logra un acuerdo, viene un camino un poco más largo. Lo que ocurre es, con un primer informe técnico, el Igac abre el espacio para recibir comentarios y argumentos de las dos partes, que se puede extender hasta por tres meses.
En este periodo se pueden presentar las argumentaciones técnicas, legales, jurídicas, de tradición, entre otras pruebas. Es poner sobre la mesa todos los argumentos. Pasado ese tiempo, el Igac tiene hasta seis meses para la revisión y construir un nuevo informe técnico.
Ese documento se le comunica a las partes y después de una serie de filtros lo enviamos al Congreso para su análisis. De esa manera, ellos tendrán la decisión de adoptar el criterio técnico que el Igac propone o hacer un nuevo estudio, claramente con nuestra intervención, para definir el límite.
El Congreso tiene un año para definir efectivamente cuál es el límite oficial.
¿Qué implicaciones tiene la definición de un límite temporal entre ambos territorios?
Mientras ese proceso se surte, el que queda como límite provisional, estará vigente. Eso permite definir quién hace la inversión en ese territorio, cómo se debe hacer.
Ese límite permite definir quién es el responsable de la educación, de mantener las vías, de entregar las licencias de construcción. Es que la sociedad no se puede quedar en el limbo, sin saber efectivamente qué hacer.
Si el Igac no tiene la competencia de definir los límites, ¿qué papel juega en este proceso?
Nosotros somos un auxiliar en el proceso, un apoyo técnico para esta definición. Somos facilitadores, somos los amigables componedores –si se quiere entender de esa manera– para que los límites sean definidos.
¿La conurbación existente entre Barranquilla y Puerto Colombia no supone un desafío para este diferendo limítrofe?
Hay una serie de análisis o elementos que hay que incluir. Entre ellos está el tema cartográfico. También se encuentran elementos culturales y de tradición, que demuestran la importancia de tener a todos los actores sentados en las mesas de revisión de los límites para escuchar y entender las diferentes posturas.
Desde la Presidencia de esas sesiones, que será asumida por un funcionario de planta del área de Geografía, se tendrá disponible toda la información para hacer el análisis sobre el material cartográfico, para poder tomar las mejores decisiones.
Hay muchas dudas frente a las implicaciones del fallo del Consejo de Estado. En ese sentido, ¿los predios de la zona en disputa a quién debe hacer los pagos de impuestos?
Dentro de lo complejo de este caso, hay un punto positivo y es que el fallo fue en febrero de este año. Si fuese sido en diciembre, habría sido más complejo.
En mi entender, y creo que así lo hemos venido interpretando todos, los impuestos tienen una anualidad. Es decir, lo que se va a pagar este año corresponde al impuesto generado en 2024.
Quiere decir que lo que se está cobrando actualmente corresponde –de acuerdo con la normatividad y los elementos jurídicos, fiscales y tributarios– lo generado hasta el 31 de diciembre del año anterior.
Quiere decir que esos predios deberán seguir tributando este año en Puerto Colombia. Sin embargo, esta situación nos lleva a andar muy rápido porque debemos definir que va a pasar para el año entrante. Por eso tenemos que definir, muy rápido, el límite transitorio y evolucionar hacia el otro.
El Igac ha sido partícipe en la solución de varios diferendos limítrofes en el país. Para usted, ¿qué aprendizajes le dejan estas experiencias para abordar nuevos casos?
Tenemos muchos trámites de deslinde entre municipios y departamentos. Ahí está vivo el que existe entre Boyacá y Casanare. Al interior de Cundinamarca también. Por ejemplo, Bogotá y La Calera, que aplica esa misma lógica que estamos hablando aquí.
Entre Cartagena y Turbaco también aplica la misma lógica. Allí ya se definieron los límites y se enviaron al Congreso para su definición. Lo que hay hoy es un límite provisional, porque no se ha definido el Congreso.
Hace poco hubo otro entre los departamentos de Meta y Caquetá. Esa parte de la definición de problemas de los límites se presenta día a día y tenemos un grupo de expertos dedicados específicamente a este tema.
Entre Atlántico y Bolívar existe un diferendo por el control de zonas como Galerazamba y el Volcán del Totumo, ¿cuál es el estado actual?
Ese es otro ejemplo. Ese caso ya está en el Congreso y ellos tienen que tomar la decisión.
Otra de las misiones que tiene el Igac es avanzar en la actualización catastral en el país. ¿Cuál es el avance actual en este proceso?
En la región Caribe se viene haciendo un esfuerzo significativo por parte del Gobierno nacional en la política pública de catastro multipropósito. Entre las prioridades que le dieron al Igac se encuentran tres grandes elementos.
El primero corresponde a los núcleos de reforma agraria, que de acuerdo con lo definido por el Ministerio de Agricultura, se encuentran en departamentos como Córdoba, Sucre, Cesar, Atlántico, Magdalena, Bolívar y La Guajira.
La segunda línea de prioridad es lo que hemos denominado el catastro verde, mientras que la tercera corresponde a municipios PDET.
En esas tres líneas nos venimos moviendo de manera fuerte y hemos hecho esfuerzos gigantescos. En el Atlántico tenemos cerca del 60 % de los territorios con cartografía básica, por lo menos en los municipios que hacemos presencia.
Adicionalmente, tenemos todo el departamento con zonas homogéneas de tierra. Eso es como determinar el valor o la renta diferencial del suelo. Es decir, para qué sirve el suelo y cuál es más productivo que el otro.
En función de eso podemos definir la capacidad para generar más o menos alimentos, para ser dedicados a la agricultura o a la ganadería. Eso es fundamental para los temas de la reforma agraria, porque si queremos que las cadenas de formalización y adquisición de tierras funcionen, pues tenemos que tener esa información.
Hemos entregado ese paquete de información al Ministerio de Agricultura, a la Upra y a la Agencia Nacional de Desarrollo Rural para que hagan, efectivamente, lo de su competencia. Esa es una tarea muy importante.
De hecho, a mediados o finales de abril vamos a entregarle al departamento toda esa información para que definan como ordenar el territorio y cómo hacer los planes de ordenamiento territorial, Que esas hojas de ruta tengan toda la información de las capacidades y características rurales.
¿Habrá procesos de actualización catastral este año en los municipios?
Vamos a trabajar en cinco municipios del Atlántico: Tubará, Luruaco, Repelón, Baranoa y Sabana-larga. Está pendiente la posibilidad de trabajar en Juan de Acosta, porque las autoridades han pedido ser gestionado por el Área Metropolitana de Barranquilla. Estamos esperando que se defina si se hará con la entidad o con el AMB.
A eso le puedo sumar que cerca del 80 % de los municipios del Caribe han tenido intervención en materia de catastro, bien sea en el componente físico o económico. Este es un esfuerzo decidido del Gobierno.
Cuando llegamos, la actualización catastral estaba en el 9 % y hoy llegamos al 28 %. Es decir, hemos triplicado la actualización catastral en los municipios de este país.
