La propuesta del Ministerio de Minas y Energía, Edwin Palma, de que el pago de los saldos de opción tarifaria sea asumido por los estratos más altos, junto con los usuarios industriales y comerciales, ha despertado un rechazo generalizado.
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Actualmente, el monto adeudado por este concepto en el país asciende a $3.1 billones, de acuerdo con la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), y viene siendo pagado por los usuarios de todos los estratos a través de la factura de energía.
Zandra López, presidente del Comité Intergremial Unidos por el Atlántico, alzó su voz de protesta y calificó la propuesta como “inaceptable”.
Señaló que esto evidencia que el Gobierno no va a cumplir con el pago de la opción tarifaria, como lo había manifestado el presidente Gustavo Petro el 7 de mayo del año anterior en Barranquilla. Enfatizó que este panorama generará pérdida de confianza en el sector y un aumento de los costos de la energía para los usuarios finales.
Y agregó que, el presidente en ningún momento condicionó su propuesta a la aprobación de la Ley de Financiamiento, “por lo cual consideramos que es una promesa incumplida”.
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Desde el sector energético
El presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, dijo que –desde el punto de vista fiscal– el Gobierno tiene la capacidad para asumir los saldos de la opción tarifaria. Sin embargo, señaló, desde el año anterior le han venido haciendo el “quite” al tema.
Para el líder gremial, se debe tener en cuenta que son cerca de $3 billones lo que falta por pagar de este componente de la tarifa de energía. Y además, es necesario revisar cuál será la afectación para quienes tendrán que pagar, según la propuesta del Ejecutivo.
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En ese sentido, cuestionó que un grupo reducido de usuarios tendrán que pagar por un beneficio que reciben otros usuarios.
Por tal motivo, lo comparó con el pago del componente de pérdidas en el que los usuarios deben pagar en su factura por los fraudes de energía.
“Esa es la misma solución que hay hoy en día en el región Caribe, y es que todo el resto de usuarios paga por el robo que hacen terceros”, explicó.
Para Sandra Fonseca, directora de Asoenergía, la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se encuentra en mora con los usuarios para entregarles los valores reales de la opción tarifaria, entre otros indexadores que impactan en la tarifa final.
“El Gobierno se apresuró a decir que lo iba a pagar la opción tarifaria, y ahora, se espera que los usuarios de mayores ingresos, que ya contribuyen para pagar subsidios, asuman un valor que debe ser revisado y en realidad pagado solo en la medida que los todos los usuarios hayan recibido lo previsto en su estimación”, mencionó.
Cabe recordar que en caso de la empresa Air-e, los saldos de opción tarifaria fueron difirieron a 10 años, a pesar que solo restaban cerca de tres meses para terminar el pago. De esta manera, el cobro pasó de $265 a cerca de 12 pesos.
Esto representó una disminución “considerable” de la factura, aunque la deuda no fue condonada. En su momento se indicó que dicha medida sería transitoria, mientras el Gobierno honraba su palabra y asumía esta deuda como pública.
