La Contraloría General de la República ha definido la hoja de ruta para avanzar en el proceso de seguimiento permanente a la gestión de fiscalización y recaudo tributario que adelanta la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian).
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De esta manera, el ente de control dará seguimiento al proceso que se inició con una visita de una delegación de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), teniendo en cuenta que el recaudo en el año 2024 tuvo una reducción significativa que conllevó a ajustes en los planes de gasto del Gobierno nacional.
El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga indicó, en primicia a EL HERALDO, que una de las líneas definidas corresponde a un “análisis de la debida diligencia” a cada una de las áreas que compone la entidad, con el objetivo de verificar si se ha cumplido o no con las funciones.
“Por ejemplo, un área tenía que reportar si existen deudores por pago de renta o de cualquier otro tributo que debe recibir la Nación. Hay que verificar si el funcionario lo hizo. Hay otra área que debe determinar qué pasa con aquellos que no pagaron, si hicieron embargos o no se hicieron. Necesitamos saber si se han cumplido las funciones, si están las personas competentes para cumplir esas tareas y qué efectos pudo haber hecho que se cumplieran o no esas actividades”, anotó.
En segundo lugar, el ente de control adelantará una revisión frente a las denuncias existentes ante presuntas anomalías en los sistemas de información y bases de datos de la Dian. De esta manera se busca determinar cuál es el manejo que se le ha dado a la información de los grandes y no grandes contribuyentes de la Nación.
“Debemos revisar qué pasa con la declaración presuntiva que presenta la Dian a casi todos los que tienen información financiera y exógena; qué pasa con la declaración real que presentan ellos. Se busca establecer la diferencia y qué pasó con esos datos”, detalló.
En la misma línea, Zuluaga confirmó que hay información de que hay manipulación de los software en distintas zonas del país. “Revisaremos si son entradas satélites y establecer quién las hizo, con qué redes están conectadas, qué tipo de personas lo hicieron y con qué propósito”.
En dicha línea de acción se determinará si se ha registrado una manipulación a bases de datos que conllevó a la exclusión de contribuyentes, así como si se registraron maniobras con la información reportada por los contribuyentes.
En ese sentido, el vicecontralor indicó que en el país existen más de 2.600 empresas o grandes contribuyentes que representan el 65 % de los tributos que recibe el país, de las cuales, según han podido establecer, existen cerca de 500 que nunca han sido auditadas por la Dian.
“Queremos saber cuáles son las razones por las cuáles no se han hecho las auditorías. Ese es el tipo de aspectos que queremos verificar en esta etapa”, precisó.
En tercer lugar, la Contraloría pretende verificar si el estado de tributos que tiene la Nación son los que realmente se están percibiendo: “Por ejemplo, en los títulos mineros del país vamos a verificar si los que están en etapa de exploración –que son más de 2.500– están pagando el canon que les corresponde”.
Al respecto, el vicecontralor Zuluaga explicó que se adelantarán pesquisas para determinar si esos títulos mineros que sacan por los puertos un determinado mineral o material están tributando exactamente por ese mineral o material.
Puso de presente que se han recibido denuncias por irregularidades en la tributación por parte de los títulos mineros, que no estaría siendo evidenciada por la Dian: “Hay una diferencia abismal entre pagar una regalía por arenas negras o pagar por coltán, que es llamado el oro negro y es utilizado para hacer las pantallas de los teléfonos y televisores”.
Además, otro de los puntos a analizar corresponde al comercio electrónico y las transacciones con criptomonedas que se vienen adelantando en el territorio nacional.
“Vamos a revisar qué pasa con las empresas e-commerce, cuánto puede dejarse de estar recibiendo en tributos de todas esas empresas que no están reguladas o qué pasa con los más de 100 billones de pesos en criptomonedas que probablemente hay en transacciones en el sector financiero que no están generando ningún tributo”, dijo.
De esta manera, de acuerdo con la Contraloría, se busca definir cuáles son los controles que se deben mejorar desde la Dian para que el espectro de tributación sea eficiente y efectivo en el país.
“La entidad debe tener las herramientas para tal fin. Supongamos que este proceso arroje que el país está dejando de percibir $70 billones por no tener mejores controles, por no ser eficientes y no tener sistemas de seguimiento y monitoreo. Con esto estaríamos eliminando la posibilidad de que cualquier candidato presidencial de los que venga crea que la única solución que tiene el país para ser viable es hacer una reforma tributaria para cargarnos más impuestos a todos los colombianos”, mencionó.
Por último, expuso que esta actuación se ha planteado desarrollarse en un periodo de un año y que de forma periódica se entregará información con relación a los resultados parciales que se han logrado.
Las motivaciones
El contralor Carlos Hernán Rodríguez anunció, a principios de este mes, que este seguimiento permanente se adelantará, en el marco del control fiscal concomitante y preventivo, para evaluar el comportamiento del recaudo tributario.
De acuerdo con el ente de control, la meta inicial de ingresos fijada en $315,86 billones fue ajustada a $287,4 billones, lo que implicó una reducción de $28,4 billones: “La nueva meta ajustada solo se cumplió en un 85,4 %, alcanzando un recaudo efectivo de $245,4 billones, que representó una disminución de 11 puntos porcentuales en comparación con el año 2023″.
En ese sentido, para la actual vigencia, el Gobierno nacional debió reducir su estimación de ingresos en $12 billones de pesos, debido a la no aprobación de la ley de financiamiento.
Por su parte, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) ha estimado recientemente que el recaudo tributario será inferior en $34 billones de pesos al Plan Financiero presentado por el Gobierno.
“Este déficit compromete significativamente la financiación del gasto público y refleja la necesidad urgente de medidas para fortalecer el sistema tributario”, mencionó la Contraloría en su momento.
En medio de este ejercicio también se hará una evaluación de la gestión del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), con el fin de analizar las variables del ingreso y su impacto en el déficit fiscal.
“El monitoreo se realizará a través de acceso y análisis a la información, articulación con el control interno y actuaciones especiales de fiscalización, considerando la evolución de los ingresos tributarios, así como su correlación con el gasto público. La información recopilada permitirá la emisión de alertas tempranas sobre el recaudo tributario del país”, resaltó la entidad.
Dos meses sin un director de propiedad
El pasado 15 de enero, tras seis meses en el cargo, Jairo Villabona renunció a la dirección. Hasta la fecha de hoy se encuentra como director encargado Luis Llinás. Esto ha generado críticas constantes. El ex ministro de Hacienda Mauricio Cárdenas dijo que con esto, “no hay rumbo ni política fiscal”.
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