La Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, (Andesco), a través de un comunicado expresó la preocupación del gremio frente la “crítica situación” que están atravesando varios prestadores de servicios públicos domiciliarios, como Enercer y Afinia, debido al incumplimiento en el pago de la deuda de subsidios por parte del Gobierno Nacional.
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Pide que se honren las deudas para no poner en riesgo al país, “pagando a las empresas de energía y gas la totalidad de la deuda acumulada por subsidios ya aplicados, que para la vigencia 2024 es de $2.84 billones de pesos con corte a 28 de febrero de 2025. Lo anterior con el fin de asegurar el flujo de recursos y evitar afectaciones a la prestación del servicio para los usuarios”.
Camilo Sánchez Ortega, presidente de Andesco, señaló que ante la “delicada” situación que ya vive algunas empresas existe el riesgo de suspensiones del servicio en algunas partes del país.
“Ratificamos la preocupación frente a la situación crítica que atraviesan varios prestadores de servicios públicos domiciliarios, como Enercer Y Afinia, solicitamos solventar urgentemente la deuda para garantizar continuidad en los servicios de energía eléctrica y gas natural para todos los ciudadanos, así como asegurar que Air-e Intervenida pueda cumplir las obligaciones de pago con otros agentes de la cadena”, indicó el líder gremial.
En cuanto a la empresa Air-e, la asociación en su comunicación sostiene que no se puede olvidar que la toma de posesión con fines de liquidación tiene como fundamento proteger el interés general y por tal razón es “imperativo que en desarrollo de sus funciones de monitoreo y seguimiento a AIR-E S.A. E.S.P. y de la estructuración de la solución empresarial, la Superintendencia priorice el cumplimiento de las obligaciones con los agentes del mercado eléctrico, que ya supera $1.5 billones de pesos, poniendo especialmente a los generadores térmicos en riesgo”.
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En ese sentido, el gremio recuerda que Colombia ha contado por más de 30 años con una política pública clara de solidaridad en la que el Gobierno entrega a las empresas prestadoras de energía y gas, los recursos del presupuesto de la Nación faltantes para cubrir el subsidio que se entrega a los usuarios más vulnerables del país.
Este subsidio, señala, es lo que le permite que a usuarios de estrato 1 se les aplique un descuento hasta del 60% del costo unitario del servicio de energía eléctrica y gas natural; hasta del 50% para estrato 2 de ambos servicios; y de 15% para los usuarios de estrato 3 de energía eléctrica.
Por lo anterior, el gremio aclara que el incumplimiento del Gobierno pone en riesgo la continuidad del servicio al no poder pagar obligaciones contractuales con proveedores, afectando especialmente a los usuarios de menores ingresos.
“Las empresas están comprometidas con la continuidad de los servicios públicos y lo han demostrado de manera inquebrantable, pero al no recibir la totalidad de los recursos del Estado por más de tres trimestres seguidos se han visto obligadas, en muchos casos, a limitar el pago a sus proveedores lo que afecta la continuidad de la operación”, se lee en el comunicado.
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Además, señala la comunicación que no se puede exigir la prestación del servicio sin reconocer los costos que implica garantizarlo. Las empresas prestadoras de servicios públicos operan bajo los principios de sostenibilidad financiera y eficiencia establecidos en la Ley 142 de 1994.
“Exigir la prestación incondicional del servicio sin los recursos necesarios para cubrir los costos que ello implica representa una carga desproporcionada para los prestadores y una amenaza a su estabilidad”.
Otro de los puntos que la asociación aclara es que las decisiones de la Superintendencia de Servicios Públicos deben considerar la viabilidad del sistema y su responsabilidad como interventor de Air-e. “Según lo dispuesto en el artículo 370 de la Constitución Política y el artículo 79 de la Ley 142 de 1994, le corresponde a la Superservicios efectuar la inspección, vigilancia y control de quienes prestan los servicios públicos domiciliarios en Colombia”.
Esto busca asegurar la prestación eficiente, la sostenibilidad financiera y preservar los derechos de los usuarios. Por lo tanto, las competencias de esta entidad deben reconocer que la sostenibilidad del sector depende de que los agentes cuenten con los recursos necesarios para operar y cumplir sus obligaciones contractuales, indica la comunicación.
En tal sentido, para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales debe considerar que uno de los principales instrumentos de intervención del Estado en los servicios públicos, establecido en el numeral 7 del artículo 3 de la Ley 142 de 1994, es el “otorgamiento de subsidios a las personas de menores ingresos”; por ello debería coadyuvar en las gestiones que realizan las empresas para lograr el otorgamiento de los subsidios a los usuarios.
Por último el gremio exige soluciones concretas y cumplimiento del Gobierno Nacional, sin condicionamientos fuera de la ley. “Si bien, el día de ayer, gracias al anuncio realizado por la empresa de gas Enercer y Andesco, se suscribió un compromiso de pago inmediato por parte del gobierno evitando la interrupción del servicio de gas natural para más de 22.000 familias en Boyacá, ratificamos la necesidad de que este se cumpla, y sea extensivo para todas las empresas a las que se les adeuda”, expresan en su comunicado.
