Gremios del sector energético han vuelto a manifestar su preocupación por el riesgo que corren los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira ante una posible suspensión del servicio de energía por la billonaria deuda que Air-e tiene con las empresas generadoras.
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Desde su intervención, en septiembre de 2024 por parte del Gobierno –a través de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios–, la empresa Air-e debe más de $2 billones por compra de energía, de los cuales, más de $1,2 billones corresponden a generación térmica.
Así lo dio a conocer Alejandro Castañeda, presidente ejecutivo la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), quien advirtió que de no cumplirse con los pagos las empresas de generación se verían afectadas porque no tendrían los recursos suficientes para la compra de combustibles.
“De no honrarse estas obligaciones las empresas de generación no tendríamos gas, carbón, combustibles líquidos y hacia futuro pues nos estaríamos viendo también en una situación muy compleja porque podría estar en riesgo la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe”, indicó.
Sostuvo que las empresas generadoras han tenido la mejor disponibilidad para acoger plazos razonables de pago, someterse a los acuerdos y proponer medidas que contribuyan a una solución.
El líder gremial le hizo un llamado al superintendente Yanod Márquez para que asuma la responsabilidad de cumplir con el pago de las obligaciones que Air-e tiene con las empresas de la cadena de energía eléctrica.
Garantizar el servicio
Para Andeg es necesario primero garantizar la continuidad del servicio eléctrico en los términos del Artículo 136 de la Ley 142 de 1994, el cumplimiento de los compromisos existentes en especial con los usuarios regulados y la preservación de las condiciones pactadas con los agentes del mercado, lo cual incluye el pago oportuno a los generadores térmicos.
Asimismo, solicitó nuevas fuentes de financiación para evitar un colapso en la cadena de prestación del servicio.
Entre las alternativas sugeridas están la expedición de un documento Conpes que garantice recursos suficientes, o promover el uso de mecanismos como operaciones de crédito público, garantías de la Nación y créditos de tesorería.
Finalmente, el gremio ratificó su compromiso con la estabilidad del sector, pero insistió en respetar las reglas y el equilibrio del mercado.
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Desde Andesco
Camilo Sánchez Ortega, presidente la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, (Andesco), también se pronunció y señaló que ante la “delicada” situación que ya viven algunas empresas existe el riesgo de suspensiones del servicio en algunas partes del territorio nacional.
Pidió que se honren las deudas para no poner en riesgo al país.
De acuerdo con Andesco, la totalidad de la deuda acumulada con las empresas de energía y gas por subsidios ya aplicados para la vigencia 2024 es de $2.84 billones con corte a 28 de febrero de 2025.
“Ratificamos la preocupación frente a la situación crítica que atraviesan varios prestadores de servicios públicos domiciliarios, como Enercer y Afinia; solicitamos solventar urgentemente la deuda para garantizar continuidad en los servicios de energía eléctrica y gas natural para todos los ciudadanos, así como asegurar que Air-e Intervenida pueda cumplir las obligaciones de pago con otros agentes de la cadena”, puntualizó el líder gremial.
En la Región Caribe, Veeduría pide pagos de deudas de Air-e para evitar apagón
La Veeduría Ciudadana al Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención —que se encuentra conformada por los comités intergremiales, la Andi y las cámaras de comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira— le hizo un llamado al superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez, para que cancele las obligaciones contractuales de Air-e, ya que pone en riesgo la operación de las generadoras y transmisoras de energía.
“El incumplimiento de Air-e en el pago de sus obligaciones contractuales por compra de energía viene desde antes de la intervención de la empresa, pero se ha acentuado durante la administración de la Superservicios, entidad que aún no asume su responsabilidad en el pago de esas deudas, provocando con ello el debilitamiento financiero de generadoras y transmisoras, poniendo en riesgo su capacidad de operación”, recalcó.
La advertencia de un eventual apagón también fue comunicada a los ministerios de Hacienda y de Minas.