Nuevamente el contralor general de la República Carlos Rodríguez Becerra advirtió de un apagón o racionamiento de energía en varias zonas del país, entre esas la región Caribe. Lo anterior por cuenta del retraso en el pago de subsidios de energía a empresas prestadoras de servicio público de energía por parte del Ministerio de Minas.
El contralor se refirió al tema en el Foro “Riesgos en las tarifas de energía y gas por no pago de subsidios” organizado por la entidad de control en el que dio a conocer las conclusiones del estudio “Subsidios en Electricidad, Gas Combustible, GLP y Combustibles Líquidos en el periodo 2014-2024″.
De acuerdo con el contralor los resultados del estudio evidencia la necesidad de establecer ajustes para garantizar que los subsidios se destinen a quienes realmente lo necesitan. Además, plantea evaluar la actual estratificación, ya que como está, no parece ser la mejor forma para su asignación.
Señaló que el estudio sectorial realizado por la Contraloría Delegada de Minas y Energía deja claro que los subsidios han sido deficientes en su otorgamiento, sostenibilidad, mejora de la calidad y aumento de la cobertura, en detrimento de las finanzas públicas y de los servicios que se pretenden garantizar en el periodo de estudio y a futuro.
Rodríguez Becerra también expresó durante su intervención que la Contraloría considera prioritario fortalecer y ampliar el seguimiento mediante actuaciones de control fiscal, con el fin de identificar los riesgos de corrupción y las posibles pérdidas de recursos en el esquema de solidaridad asociado a estos fondos.
“Resulta especialmente importante debido a la confluencia de múltiples problemas en los controles que actualmente existen en el Ministerio de Minas y en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros”, indicó.
El contralor, partiendo de las conclusiones, consideró que existen cuatro problemas recurrentes y estructurales en el esquema de subsidios a tarifas a los que se les debe dar prioridad.
El primero de ellos es la inadecuada focalización, en este punto señaló que los subsidios no llegan a quienes realmente los necesitan, por lo cual se deben minimizar los errores de inclusión y exclusión. La actual estratificación no se considera la mejor forma para su asignación y se debe avanzar con la implementación del Registro Universal de Ingresos (RUI), administrado por el Departamento Nacional de Planeación.
Otro de los problemas que se le debe prestar atención es a la sostenibilidad, señaló que los subsidios requieren seguimiento y ajustes constantes que incorporen el principio de sostenibilidad fiscal del Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución de Ingresos (FSSRI).
Asimismo, fue enfático en afirmar que es indispensable verificar la destinación de los recursos mediante solicitudes de información y visita, así como reactivar las auditorías a los agentes involucrados por parte del Ministerio de Minas y Energía. También se requiere fortalecer el Sistema Único de Información de Servicios Públicos (SUI) y su uso en la conciliación o validación de las asignaciones de recursos del fondo de solidaridad FSSRI.
Por último, indicó que se hace necesario medir los resultados y alinear el esquema de subsidios con señales de eficiencia energética, el desincentivo de la cultura de no pago, y los incentivos a las fuentes no convencionales de energía renovable (FNCER).
“Es fundamental que el Ministerio de Minas y Energía, agilice la ejecución de las acciones correctivas identificadas en la gestión de subsidios y asegure que las acciones de mejora pendientes se lleven a cabo de manera puntual”, subrayó el jefe del organismo de control.
Deuda por subsidios
En lo relacionado con el pago de subsidios, el contralor General recordó que se está adelantando una mesa de trabajo conjunta con la Procuraduría General y los Ministerio de Minas y de Hacienda ante la preocupación del ente de control por la afectación de la mora en giros de subsidios, pues esto está relacionado con la seguridad energética del país, tema que fue objeto de una función de advertencia al Ministerio de Minas y Energía, a la que se le realiza seguimiento.
Así mismo, la Contraloría ha emitido múltiples alertas entre los años 2024 y 2025 relacionadas con las implicaciones del no pago de subsidios para los usuarios y las consecuencias de la mora en giros de estos, ya que esto afecta a las empresas, en su mayoría públicas, para continuar operando y prestar el mejor servicio a los usuarios, quienes finalmente resultan afectados por los posibles impactos en las tarifas, en especial aquellos de los estratos 1, 2 y 3.
A diciembre de 2024 la deuda con los prestadores del servicio de energía eléctrica ascendía a $2,7 billones, hecho que afecta las finanzas de las empresas, destinatarias de los giros de subsidios, lo que podría llevar al desmonte de subsidios y con ello a aumentos en las tarifas, comprometiendo el acceso al servicio para las personas más vulnerables.
Dijo el Contralor que, si bien se anunció la apropiación de recursos para pagar los subsidios pendientes desde 2024 para el 96% de las empresas de energía y gas, la apropiación y ejecución debe ser anual y en la respectiva vigencia ya que estos cubren necesidades periódicas y de valores predecibles.
Para el Contralor, preocupa especialmente el anuncio de la suspensión del servicio de gas a 15 municipios de Boyacá por las dificultades económicas que enfrenta Enercer S.A., empresa que presta el servicio a esos municipios, debido a los incumplimientos de pagos de subsidios del Estado; es necesario evitar que está situación se extienda a otras regiones del país.
La Contraloría General de la República ha alertado en varias oportunidades el deterioro que presenta la Seguridad Energética del país y la posibilidad de que la situación sea más comprometedora en el mediano plazo, si no se toman medidas al respecto, que generarían mayores costos para el Estado.
Otras conclusiones del estudio de la CGR sobre subsidios en el sector energético son las siguientes:
Entre 2014 y 2024, los fondos de solidaridad FSSRI, de energía social FOES y de estabilización de precios de combustibles FEPC gestionaron recursos significativos, incluyendo $25,3 billones para subsidios eléctricos y $2,43 billones para las denominadas zonas no interconectadas. Sin embargo, las necesidades de subsidios crecieron un 44% en los últimos 10 años, superando los incrementos en la demanda de energía y en los recursos del Presupuesto General de la Nación.
En la última década la Contraloría General ha adelantado más de 20 auditorías y actuaciones especiales que han evidenciado, por medio de hallazgos, presuntas irregularidades disciplinarias, penales y fiscales con detrimentos superiores a $190 mil millones asociados a la gestión de los subsidios.
Las principales debilidades administrativas (u oportunidades de mejora) y riesgos identificados a partir de estos resultados y hallazgos de las actuaciones y estudios de la CGR son: Falta de supervisión y control efectivos; Inconsistencias en la información; Incumplimiento de normas por parte de las empresas; Riesgos de pérdida de recursos; Deficiencias en el proceso de validación; Deficiente coordinación interinstitucional; Desarticulación entre dependencias del Ministerio de Minas y Energía; Incumplimiento de procedimientos; e Ineficiencia en inversiones adelantadas para ahorro de energía.
La persistencia de hallazgos en el plan de mejoramiento del Ministerio de Minas y Energía, algunos con hasta 10 años sin la aplicación de medidas correctivas efectivas, especialmente aquellos relacionados con el sistema de liquidación de recursos y la verificación de los subsidios, tiene graves implicaciones para la gestión de estos recursos. La ausencia de sistemas adecuados y un seguimiento efectivo comprometen la transparencia y la efectividad de los subsidios, aspectos esenciales para garantizar una correcta distribución de los recursos en el sector eléctrico.
A estos problemas de sostenibilidad y gestión se le suma el hecho de que, en algunos años, los subsidios han sido financiados con títulos de deuda pública por un valor de $2,92 billones, mientras que los déficits acumulados en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles (FEPC) alcanzaban a 2024 los $112 billones.
En el sector de gas combustible, aunque entre 2014 y 2023 se logró ampliar la cobertura un 65%, persisten retos significativos, como retrasos en los pagos de subsidios a las empresas, que afectan su flujo de caja y ponen en riesgo la prestación del servicio.
Y se destaca también el impacto del contrabando técnico de combustibles líquidos que deben ser destinados a zonas de frontera y se venden en el interior, un problema que, pese a los esfuerzos del Ministerio de Minas, sigue afectando los resultados del esquema de subsidios.
