El Comité Intergremial de Energía y Gas salió en defensa de las empresas del sector ante los recientes señalamientos hechos por el Gobierno nacional debido a la crisis actual, que tiene en vilo la prestación del servicio en varias regiones del país.
De acuerdo con los gremios, es necesario que la coyuntura actual se enfrente con rigor técnico y “atendiendo estructuralmente las necesidades de todos los usuarios del país”.
En ese sentido, expuso que “es fundamental que el debate se base en hechos verificables y no en afirmaciones que pueden desviar la atención de los retos que enfrenta el sistema”.
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Para el Comité Intergremial, la estabilidad del sector eléctrico se encuentra sustentado en un modelo institucional técnico y robusto, que se encuentra apegado a la Constitución. De esta manera se ha garantizado, por más de tres décadas, que los colombianos accedan a servicios públicos de manera permanente y con calidad.
“Lamentamos que afirmaciones imprecisas se genere desconfianza y busque afectar a las empresas del sector y a los más de 15 millones de hogares colombianos, comercios e industrias que dependen de este servicio esencial”, expuso.
Tarifas legales
El Comité recalcó que las tarifas actuales son legales y se basan en la regulación vigente: “La llamada nueva fórmula tarifaria, que realmente es una modificación al mecanismo de confiablidad, no fue adoptada por ninguna empresa de manera voluntaria porque es una propuesta antitécnica que perjudica la disponibilidad de energía, la sostenibilidad económica de los proyectos y las tarifas para los usuarios, poniendo en riesgo la confiabilidad del sistema en momentos críticos”.
Dijo que la intervención de los mercados por decreto, para cambiar las tarifas actuales, pone en riesgo la seguridad jurídica del sector, así como genera riesgos económicos desproporcionados: “Podría disminuir significativamente la oferta de proyectos de generación renovable en la próxima subasta de expansión, en momentos en los que el país los requiere con urgencia”.
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La agremiación también puso de presente que el análisis y establecimiento de nuevas fórmulas tarifarias debe ser integral y estructural, ya que “continuar intentando realizar ajustes puntuales como el establecido y como otros propuestos suponen el riesgo de no lograr los objetivos deseados y contrario a lo deseado, perjudicar no solo a usuarios, sino a empresas y al país. Es clave fortalecer los canales de comunicación para que las medidas sean analizadas legal y técnicamente”.
Precios en bolsa
El Comité Intergremial también indicó que los precios en bolsa de energía reflejan la estrechez entre oferta y demanda, pero no representan ganancias injustificadas. Explicó que dichos precios se basan en la dinámica entre oferta y demanda, la cual opera en todos los mercados del mundo en los que prima la libre competencia, y permite alertas situaciones críticas del sistema.
“En épocas periodos de alta disponibilidad hídrica, los precios tienden a bajar; en épocas críticas, suben. Este valor impacta en menos del 7% en la tarifa que pagan los usuarios finales, ya que en promedio solo el 20% de la demanda se compra por este mecanismo”, agregó.
Se refirió, además, a que la estrechez entre la oferta de energía firme y la creciente demanda genera presión en las tarifas, lo cual debe solucionarse con el ingreso de mayor oferta y la eliminación de las barreras que están impidiendo que proyectos de generación y transmisión entren oportunamente.
“Insistir en propuestas como las de restringir la venta de energía en bolsa de las generadoras renovables a máximo el 5% rompe las señales de eficiencia, compromete la confiabilidad del suministro, irrumpe el principio constitucional de libre empresa y podría encarecer las tarifas para todos”, mencionó.
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Por otro lado expuso que para incentivar un mayor nivel de contratación es fundamental saldar las deudas pendientes con las empresas comercializadoras y garantizar el pago de los valores asociados a la opción tarifaria.
“Estos pagos permitirán a las comercializadoras contar con los recursos necesarios para firmar contratos de largo plazo, los cuales a su vez viabilizan la financiación de nuevos proyectos, principalmente renovables. Todo esto se traduce en beneficios directos para los usuarios, al garantizar tarifas más eficientes y estables”, agregó.
Respeto por la institucionalidad
Los gremios del sector energético hicieron un insistente llamado a asegurar las inversiones necesarias que permitan mejorar y expandir el servicio, recalcando en el papel fundamental del respecto por la institucionalidad del sector.
“Los comisionados de la Creg son servidores públicos nombrados por el Gobierno con funciones de carácter técnico, cuya independencia es clave para preservar la gobernanza del sistema energético, por tanto, desconocer este principio genera incertidumbre, debilita la confianza y pone en riesgo inversiones y el desarrollo de proyectos”, expusieron.
Pusieron de presente que el país requiere, al menos, 1000 MW de energía firme adicionales en los próximos tres años para atender la demanda y mantener el equilibrio del sistema: “Las empresas del sector -públicas, privadas y mixtas- son fundamentales para el abastecimiento de electricidad en el país, convertirlas en instrumento de controversia política perjudicará a los usuarios como ya ocurrió en el pasado”.
Garantizar el servicio
Por otro lado, los gremios del sector indicaron que las generadoras, transmisoras, distribuidoras y comercializadoras de energía han garantizado el abastecimiento de la energía para todo el país a pesar de enfrentar señales adversas y presiones financieras crecientes. Remarcó que dicho compromiso ha sido para mantener la confiabilidad del sistema y asegurar el acceso de los colombianos a este servicio.
Expusieron que, en 2024, las comercializadoras de energía acumularon más de $7 billones en cuentas por cobrar de subsidios por parte del Estado, opción tarifaria, y deudas por parte de entidades oficiales, entre otros, situación que compromete seriamente su sostenibilidad financiera; a pesar de ello, han garantizado la continuidad del servicio sin cortes masivos hasta ahora, protegiendo a los usuarios más vulnerables.
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“En el caso de Air-e, actualmente intervenida, mantiene deudas con otros agentes por más de $1 billón, lo que pone en riesgo el suministro de energía como en el caso de plantas térmicas que deben prepagar el insumo para generar. Es prioritario realizar los pagos totales de los valores adeudados y concretar mecanismos para viabilizar la operación de la empresa”, mencionaron.
El papel del gas
También expusieron que el gas natural juega un rol clave para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, especialmente en épocas de escasez hídrica: “Su disponibilidad suficiente y oportuna permite complementar otras fuentes, garantizar la generación térmica y asegurar el suministro continuo a hogares, industrias y comercios bajo criterios de calidad y competitividad”.
Por eso instaron por proteger, fortalecer e incentivar la oferta de gas natural y su cadena de abastecimiento es esencial para la seguridad energética del país.
Planeación de la transición energética requiere planeación
Rechazaron que haya improvisaciones en el proceso de transición energética en el país, teniendo en cuenta su papel preponderante para garantizar el suministro energético en los próximos años.
“Los paneles solares en hogares son una alternativa, sin embargo, no reemplazan la red nacional y sin almacenamiento no garantizan cobertura continua de la demanda de energía, especialmente en horas nocturnas o días nublados”, dijeron.
Subrayaron que el programa Colombia Solar no puede financiarse con deuda pública sin planificación, “esto va en contravía del principio de eficiencia del gasto público, y tampoco debe desfinanciar el presupuesto del fondo de solidaridad para financiar los subsidios”.
Por último, el Comité Intergremial de Energía y Gas expresó su disposición para aunar esfuerzos y trabajar en beneficio de todos los colombianos, en un marco de respeto y diálogo constructivo.
“Colombia necesita visión técnica y trabajo conjunto para avanzar hacia una transición energética justa, sostenible y viable para todos. Desde los gremios del sector reafirmamos nuestro compromiso con este propósito y con aportar soluciones que fortalezcan el sistema energético nacional y el bienestar de los colombianos”, puntualizó.
