Desde el sector de la generación de energía, la preocupación es creciente. Ante el anuncio del ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, de no asumir las deudas “heredadas” de la empresa Air-e se han revivido los fantasmas de un apagón para el Caribe colombiano.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que de los $2 billones a lo que asciende la totalidad de la deuda, cerca de $500 mil millones corresponden a compromisos pendientes desde antes de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“Nadie está diciendo que eso tenga que pagarse hoy. Ese monto se debe tener en cuenta en el momento en que se decida qué hacer con la empresa, cómo hacer la liquidación de esas deudas pendientes”, dijo el líder gremial a EL HERALDO.
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Mencionó, además, que la deuda adquirida desde el inicio de la intervención corresponde a $1.5 billones.
“Eso es lo que estamos pidiendo que se ponga al día. Eso es lo que no permite que haya un flujo normal de recursos y por ende obviamente toda la cadena está apretada; estamos viendo cómo la empresa está acumulando día a día deudas y el Gobierno no hace gestión para poder definir cómo asume esos saldos”, agregó.
Sostuvo que la situación es cada vez más grave y se necesitan acciones que den una solución definitiva a esta problemática.
“Esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio en regiones como Magdalena, Atlántico y La Guajira”, advirtió Castañeda.
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Andeg recordó que, según el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, es obligación del Estado garantizar la continuidad y calidad del servicio, así como el respeto a las condiciones pactadas con los agentes del mercado.
El gremio también propuso explorar mecanismos de financiación como la expedición de un documento Conpes, operaciones de crédito público, garantías de la Nación y créditos de tesorería para evitar un eventual colapso en la cadena de prestación del servicio.
“Las generadoras han mostrado disposición para negociar plazos y soluciones, pero no se puede desconocer el régimen jurídico del sector. El incumplimiento afecta la operación y pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico”, insistió Castañeda en una misiva enviada recientemente a Superservicios.
