La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) se pronunció este martes con respecto a las declaraciones que hizo el presidente Gustavo Petro en el último Consejo de Ministros, en el cual el jefe de estado mencionó que hay una posibilidad latente de sacar los recursos guardados en las fiducias de las concesiones viales 4G y 5G para financiar la campaña de vacunación masiva del Gobierno nacional contra la fiebre amarilla.
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Según la CCI, todos los proyectos de concesión de 4ª y 5ª generación están cumpliendo cabalmente las actividades y obligaciones a su cargo, por lo que ninguno de ellos está incumplido.
“Teniendo en cuenta que presupuestalmente los recursos de las vigencias futuras giradas a las fiducias se encuentran ejecutados, jurídicamente no es posible destinarlos a otros sectores o usos, como lo ha planteado el gobierno”, se lee en el comunicado.
Aclaró que: “los recursos públicos girados a las fiducias tienen la función de pagar las obras que se han construido por los concesionarios y entregado a satisfacción del Estado. Es decir, las vigencias futuras están pagando la financiación de las obras garantizadas previamente con dineros aportados por el capital privado. Es evidente, y así lo puede comprobar una auditoría, que aquellas obras que no han podido culminar o que se encuentran paralizadas, presentan dicha situación por falta de decisión en instancias del Gobierno nacional”.
El gremio también rectificó que “solo tres proyectos no se han podido iniciar o culminar por razones ajenas a los concesionarios, relacionadas con licencias ambientales que no fueron otorgadas oportunamente por el Gobierno nacional, lo cual ha sido reconocido por tribunales de arbitramento”.
Puso de presente entonces que estos proyectos como la Perimetral Oriental de Bogotá y Bucaramanga–Pamplona, pueden liquidarse de mutuo acuerdo, liberando recursos de vigencias futuras que resulten disponibles después de aplicar las fórmulas de liquidación incluidas en los contratos.
Mientras que en el caso de Mulaló–Loboguerrero, sostuvo que el Gobierno nacional bien puede llegar a un acuerdo con el concesionario para garantizar los recursos que reconozcan los valores actuales de construcción del proyecto o acordar su liquidación.
Sin embargo, la entidad señaló que: “no es cierto que el concesionario le deba al Estado un billón ochocientos mil millones de pesos. Es necesario aclarar que la totalidad de las vigencias futuras que la nación ha girado al patrimonio autónomo para ejecutar el proyecto Mulaló – Loboguerrero, es del orden de un billón ochocientos mil millones de pesos.
En ese sentido, agregó que “esta cifra ha generado rendimientos en el propio patrimonio autónomo por $400 mil millones, para un valor total de 2,2 billones de pesos; monto que hoy está a cargo de la ANI y no del concesionario. Estos recursos a la fecha no se han ejecutado y, por ende, el concesionario no tiene deuda alguna con el Estado.
Aseguró que “el concesionario no ha hecho, ni puede, hacer uso de esos recursos libre y autónomamente. La decisión del uso de ese dinero depende exclusivamente del Gobierno nacional, el cual tiene que decidir entre hacer la obra a precios de hoy o liquidar el contrato”.
Por otro lado, la cámara de infraestructura fue enfática en el buen funcionamiento del mecanismo de vigencias futuras para los proyectos viales en el país.
“El propio gobierno del presidente Petro acaba de utilizar las vigencias en su primer proyecto férreo (Dorada–Chiriguaná) y tendrá que utilizarlo, nuevamente, para honrar los compromisos adquiridos con los ciudadanos del sur del país, en el sentido de construir la estratégica vía Pasto-Popayán”, indicó.
De esta manera, reiteró su voluntad de trabajar de la mano del Gobierno en la construcción de las soluciones de infraestructura que demanda el país, pero haciendo énfasis en que “en este debate no se debe acudir a afirmaciones y señalamientos equivocados, que solo afectan la reputación y honra de unas empresas que le han cumplido a Colombia”.
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