Ha sido la experiencia más traumática que ha vivido en su vida. Verse vulnerable ante alguien que representaba autoridad ha generado un sinnúmero de secuelas, que poco a poco ha tratado de sanar, pero que a veces la golpean con intensidad.
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Esta “pesadilla” inició para Gloria* en octubre de 2021, cuando se comunicó a través de las redes sociales con su profesor de ciencias con el fin de pedirle ayuda para resolver un trabajo académico de una familiar que iba perdiendo el año.
“El profesor me pidió que llegara en la mañana al colegio, pero no me dejaron entrar por ser de la jornada de la tarde. Esperé hasta las 12 del mediodía para entrar y nos quedamos solos en un salón. Ahí me obligó a quitarme la ropa y él se bajó la sudadera. En ese momento llegó la señora del aseo”, recuerda con cierto temor la joven, quien ha recibido apoyo psicológico y médico para superar este duro momento.
La historia de Gloria* parece aislada, pero –según un reciente informe de la Defensoría del Pueblo al menos 70 menores de edad habrían sido víctimas de delitos sexuales en entornos escolares en el primer semestre del año.
La situación ha generado mayor preocupación ante el anuncio de la Procuraduría con relación a la destitución e inhabilidad de 191 funcionarios de entornos educativos, sumado a que se encuentran en curso 237 procesos disciplinarios.
El defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, expresó que sigue siendo preocupante el panorama relacionado con los casos de presunto abuso sexual reportados en entornos escolares y en otros escenarios que deben ser seguros para niñas, niños y adolescentes, como sus hogares.
“Pedimos celeridad en las investigaciones de los casos, pero también, el llamado es a los padres, madres, cuidadores, docentes y directivas en instituciones educativas: refuercen las acciones de protección para que los centros educativos del país sean espacios seguros para la niñez y adolescencia”, sostuvo.
Camargo también expuso que las instituciones educativas deben promover estrategias de educación permanentes que les permitan identificar comportamientos abusivos y anormales, con la finalidad de prevenir cualquier forma de violencia sexual en su contra.
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Agregó que la prevención y abordaje de este tipo de violencias permite aportar a una mayor garantía de derechos: “La familia, la sociedad y el Estado deben aunar esfuerzos para construir escenarios confiables para la infancia”.
Hizo un llamado al Ministerio de Educación para que, de manera conjunta con los territorios, fortalezca las instancias y competencias según la ruta de atención integral, ante la sospecha, denuncia o evidencia de situaciones de riesgo y afectación de los derechos sexuales y reproductivos de niños y adolescentes.
