El Gobierno nacional emitió la tarde de este lunes 23 de septiembre un comunicado en el que se refiere a la situación que se ha presentado en algunos peajes del país, entre ellos Papiros, ubicado en el municipio de Puerto Colombia.
En la comunicación, el Gobierno dice que está y estará siempre dispuesto a promover y a acompañar las dinámicas de diálogo social y concertación, teniendo en cuenta que las acciones implementadas, como las tarifas diferenciales, son producto del diálogo constante con autoridades locales, comunidades y otros actores interesados.
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Los ministerios indican que para materializar las grandes obras de infraestructura que necesita el país se requiere de la confluencia de diversas fuentes de financiación.
Es así como recuerdan que las carreteras concesionadas del país se desarrollan mediante Asociaciones Público-Privadas (APP), las cuales se financian mediante aportes del Estado y de los usuarios de las vías, a través del recaudo de peajes; otros proyectos carreteros se materializan a través de Iniciativas Privadas (IP), en las que la Nación no designa recursos públicos, sino que se financian de forma exclusiva mediante el recaudo de peajes.
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En ese sentido, los ministerios dicen en el comunicado que les preocupa la desinformación de los temas abordados en las mesas de trabajo y la utilización política de los peajes, por el riesgo inminente que esto acarrea.
“Desconocemos el origen de los intereses que han llevado a algunas personas a desinformar frente a los temas abordados en las distintas mesas de trabajo que buscan concertaciones. Nos preocupa, por el riesgo inminente que esto acarrea, la utilización política de los peajes. El Gobierno nacional debe responder al bien general sobre el bien particular y, a partir de ahí, con base en información de contexto territorial, tomar las decisiones pertinentes”.
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Por esa razón, reiteran el llamado a la ciudadanía para que se haga uso del derecho a la movilización social de manera pacífica y responsable.
“No son aceptables las vías de hecho que atenten o pongan en peligro a los usuarios de las vías, representantes del Ministerio Público, fuerza policial, y a quienes trabajan en los peajes”.
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También explican que los peajes están reglamentados a través de la Ley 105 de 1993 que en su artículo 21, modificado por el artículo 1 de la Ley 787 de 2002, establece que para la construcción y conservación de la infraestructura de transporte a cargo de la Nación, se cobrará por su uso, buscando garantizar su adecuado mantenimiento, operación y desarrollo.
Además, indican que los peajes son una fuente contractual esencial para la financiación, construcción, operación y mantenimiento de las vías, para la movilidad y desarrollo de las regiones de Colombia.
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“No pagar los peajes pone en riesgo la estabilidad de los proyectos carreteros y el cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Estado”.
Finalmente, los ministros recuerdan que en el país “bloquear o vandalizar un peaje puede ser considerado un delito de daño en bien ajeno, así como un acto de obstrucción de vías públicas, con penas que van desde 16 a 90 meses y multas hasta 37.5 SMLMV, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor”.
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Por lo tanto, como Gobierno nacional advierten que pueden aceptar ni normalizar que se suban las talanqueras impidiendo el cobro legal en los peajes.
