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El robo de energía es uno de los grandes dolores de cabeza de la empresa Air-e Intervenida porque impacta las finanzas de la compañía y, por consiguiente, las inversiones que se tienen que hacer para mejorar el servicio.

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Este flagelo le está causando a la compañía pérdidas diarias por más de $1.600 millones, de acuerdo lo señalado en un documento que el agente interventor, Edwin Palma, envió a la Fiscalía General de la Nación.

En dicho documento, que fue conocido por EL HERALDO, el delito de defraudación de fluidos arrojó pérdidas de $516.590 millones durante el año 2023 en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, lo cual significó que diariamente el fraude llegaba a los $1.415 millones.

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Para este año la situación no ha cambiado; por el contrario, las pérdidas económicas de la compañía por este delito aumentaron un 18,5 %. En lo que va corrido de 2024 las pérdidas ascienden a $541.751 millones, lo que significa que diariamente pierde $1.677 millones.

El agente interventor le dice a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, que estas pérdidas millonarias golpean la sostenibilidad financiera cualquier empresa.

Agrega que tras un diagnóstico realizado a la compañía, luego de su llegada al cargo de agente interventor, encontraron –entre otras cosas- que infortunadamente en la región se ha venido presentando, más que en otras regiones del país, una creciente tendencia de la comisión del delito de defraudación de fluidos (robo de energía) y el no pago del servicio eléctrico.

En ese sentido, señala que esta situación ha hecho –según su concepto- que “algunos funcionarios encargados de la persecución, investigación, juzgamiento y castigo del delito, lo consideren como una cuestión de trascendencia menor a la que poco interés se le presta, lo cual ha ocasionado, en algunas situaciones, la no atención de casos en los que se evidencia la defraudación de fluidos, el represamiento de estos en despachos fiscales y, en general, cierto grado de impunidad”.

En la comunicación a Camargo, el agente interventor recuerda que actualmente Air-e reporta un total de 340 denuncias radicadas ante la Fiscalía General de la Nación, algunas de las cuales han sido investigadas y han permitido, además de llevar ante las autoridades judiciales a los responsables de la comisión del delito de defraudación de fluidos y conexos, evidenciar que “detrás de este delito existen organizaciones criminales perfectamente estructuradas”.

Ante este panorama, el agente interventor, Edwin Palma, le propone a la Fiscalía que se estudie la posibilidad de crear un grupo especial de investigación contra el delito de defraudación de fluidos para los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Este grupo tendría las funciones de facilitar y canalizar la recepción de denuncias por el delito en mención; dar celeridad a las etapas conciliatorias, cuando así se requiera; investigar autores responsables de la comisión del mismo, especialmente en casos de reincidencias; desarticular estructuras delincuenciales y realizar análisis de datos que permitan lograr una mejor comprensión de este fenómeno considerado como criminal.

Air-e Intervenida se comprometería a designar a un personal con amplios conocimientos en materia de defraudación de fluidos, para que orienten desde el punto de vista técnico las investigaciones que se adelanten por parte del grupo especial de investigación.

“Estaríamos dispuestos a compartir, salvo los casos en los que la ley nos lo impida, la información de nuestras bases de datos, de manera tal que se puedan realizar acertados diagnósticos y, como ya se dijo, lograr una mejor comprensión del fenómeno de defraudación de fluidos, que conlleve a mejores resultados en materia judicial”, señala la comunicación.