Esta semana, los reflectores del país estarán sobre la Comisión Séptima del Senado de la República ante el inminente archivo de la reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, que ha convocado una consulta popular para sacar adelante este proyecto.
En diálogo con EL HERALDO, el abogado laboralista Iván Polo considera que, más que una consulta popular, Colombia necesita una reforma laboral con enfoque de gobernanza colaborativa, que garantice la coordinación económica y el equilibrio social entre empresarios y trabajadores.
Ante la radicación de una ponencia negativa en la Comisión Séptima del Senado sobre la reforma laboral, el presidente Gustavo Petro manifestó su intención de someter la reforma a una consulta popular. ¿Cómo afecta este nuevo escenario al debate legislativo?
La radicación de la ponencia negativa en la Comisión Séptima del Senado en su tercer debate marca un punto clave en la discusión, pues evidencia que la reforma, tal como está planteada, no tiene consenso dentro del Congreso ni entre los distintos sectores económicos y sociales.
Ahora, con la propuesta del presidente Petro de llevar la reforma a una consulta popular, entramos en un escenario inusual. Normalmente, este tipo de reformas se tramitan en el Congreso mediante debate técnico y concertación con los actores del mercado laboral.
Desde el punto de vista jurídico, una consulta popular no reemplaza el trámite legislativo. Sin embargo, podría utilizarse como una herramienta política para presionar su aprobación o legitimar un nuevo intento de reforma en el futuro.
¿Cuáles son los puntos clave de la ponencia negativa que recomienda archivar la reforma?
La ponencia negativa se basa en cuatro argumentos principales: no soluciona los problemas estructurales del mercado laboral; no aborda el desempleo ni la informalidad, las principales preocupaciones del mercado laboral colombiano; impone mayores costos administrativos y económicos podría reducir la generación de empleo formal, y tiene un impacto económico adverso.
Según el Banco de la República, la reforma podría poner en riesgo más de 450.000 empleos formales. Además, el aumento en los recargos nocturnos y dominicales incrementaría los costos laborales, afectando sectores como turismo, comercio y manufactura.
Por otro lado, se cuestiona si la reforma debió tramitarse como una ley estatutaria y no como una ley ordinaria, ya que regula derechos fundamentales del trabajo. A eso hay que sumarle que el Ministerio de Hacienda no presentó un estudio sobre la financiación de las nuevas disposiciones.
Por eso no hay claridad sobre cómo se costearían medidas como el aumento de la licencia de paternidad o los incentivos a la formalización laboral.
¿Es jurídicamente viable que el presidente Petro convoque una consulta popular para aprobar la reforma laboral?
Desde el punto de vista constitucional, las reformas laborales deben tramitarse a través del Congreso, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley.
El artículo 104 de la Constitución permite al presidente convocar una consulta popular sobre temas de interés nacional, pero esto no significa que la decisión tenga fuerza legislativa directa. Incluso si la consulta se realizara y la mayoría de la ciudadanía votara a favor de la reforma, el Congreso seguiría teniendo la última palabra en su trámite.
Además, una consulta popular sobre un tema técnico como el laboral debe garantizar que los ciudadanos comprendan realmente el impacto de la reforma, lo cual es difícil cuando se trata de regulaciones complejas.
¿Qué alternativas podrían considerarse si la ponencia negativa es aprobada y la reforma es archivada?
Más que impulsar una consulta popular, lo que realmente necesita el país es una reforma laboral bien estructurada y con un enfoque real de gobernanza colaborativa.
Algunas alternativas clave son el fortalecimiento del Ministerio de Trabajo, garantizar el cumplimiento de las normas laborales existentes, mayor inspección y control laboral con procesos más eficientes y herramientas digitales, así como la creación de políticas de empleo basadas en coordinación económica y equilibrio social.
Otros aspectos para tener en cuenta son los incentivos para la creación de empleo formal, la reducción de cargas parafiscales para nuevas contrataciones en sectores estratégicos, las alianzas público-privadas para la capacitación laboral y la vinculación de jóvenes al mercado de trabajo y la flexibilización laboral con protección social, entre otros.
Consulta popular versus el debate legislativo: ¿Qué opción es más viable?
Sin duda, el camino más adecuado es el debate legislativo bien estructurado y concertado.
Una consulta popular podría politizar el debate, reduciéndolo a una cuestión de “estar a favor o en contra del Gobierno” en lugar de centrarse en el análisis técnico de la reforma.
En contraste, una discusión en el Congreso permite ajustes y consensos considerando las realidades del mercado laboral.
La clave es trabajar en una reforma que realmente promueva el empleo formal y disminuya la informalidad sin poner en riesgo la sostenibilidad empresarial.
