Una solicitud fue elevada a la Superintendencia de Servicios Públicos para que se realicen los pagos correspondientes a deudas de la empresa Air-e, que ascienden a los $2 billones por compra de energía, para evitar un apagón en los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira.
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La Veeduría Ciudadana al Proceso Toma de Posesión de Air-e en Intervención -conformada por los Comités Intergremiales de Atlántico y Magdalena, ANDI Atlántico-Magdalena y las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira- indicó que el incumplimiento de la Superintendencia en la cancelación de las obligaciones contractuales de Air-e ha puesto en riesgo la operación de las generadoras y transmisoras de energía.
Desde la Veeduría se ha evidenciado que esta situación generaría afectaciones a 5.400.000 habitantes de esos departamentos y a su sistema productivo e institucional.
“El incumplimiento de Air-e en el pago de sus obligaciones contractuales por compra de energía viene desde antes de la intervención de la empresa, pero se ha acentuado durante la administración de la Superservicios, entidad que aún no asume su responsabilidad en el pago de esas deudas, provocando con ello el debilitamiento financiero de generadoras y transmisoras poniendo en riesgo su capacidad de operación”, recalcó.
Esta solicitud, y la advertencia del eventual apagón, también se comunicaron al ministro de Hacienda, Germán Ávila, al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, y al Superintendente de Servicios Públicos, Yanod Márquez Aldana.
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“En la comunicación se les recordó a los citados funcionarios que la Superservicios, en su función de interventor, está obligada legalmente a prestar el servicio de energía eléctrica con todos los derechos y obligaciones que ello implica. Ello incluye garantizar el desembolso de los recursos necesarios para que Air-e pague las deudas por la compra de energía a las plantas generadoras”, mencionó la Veeduría.
Reiteraron que la Superintendencia, como ordenadora del gasto del Fondo Empresarial, debe conseguir la autorización del Ministerio de Hacienda para tener las garantías de la Nación que le permitan apropiar los recursos destinados al pago de las obligaciones de Air-e con las generadoras: “El sustento de ello es el artículo 132 de la Ley 812 de 2003, el cual establece que este fondo tiene como objeto garantizar la continuidad de la prestación del servicio. Con ese mismo propósito se pueden hacer operaciones de crédito público o créditos de Tesorería otorgados por la Nación”.
Pago de subsidios
De otro lado, la Veeduría Ciudadana le pidió al ministro de Hacienda y al Superservicios pagarle a Air-e las deudas que la Nación tiene con la empresa por subsidios, y fortalecerla financieramente, incluso con recursos del Presupuesto Nacional, para que pueda concluir el plan de inversiones en la infraestructura eléctrica puesto en marcha desde antes de su intervención.
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Por otro lado, la Veeduría Ciudadana le solicitó también a la Procuraduría General de la Nación y a la Contraloría General de la República tomar las decisiones que les correspondan para evitar el agravamiento de la crisis del sector eléctrico en la Región Caribe como consecuencia de la situación financiera que sufre Air-e, administrada ahora por la Superservicios.
Responsabilidad de Superservicios
Desde la Veeduría recordaron que la responsabilidad de la Superservicios frente a la insolvencia económica de Air-e Intervenida se basa en los siguientes argumentos que tienen sustento legal:
1. La Superservicios es la entidad estatal a la que el ordenamiento jurídico le otorgó la competencia de garantizar la viabilidad y continuidad en la prestación del servicio público de energía de las empresas intervenidas; asegurar los recursos requeridos para cumplir con sus compromisos, y administrar el Fondo Empresarial.
2. La principal figura contractual que establece la ley 142 de 1994 es el contrato de condiciones uniformes el cual define las condiciones de calidad sobre las que debe prestarse el servicio. Esta condición debe cumplirla la Superservicios como prestador, y también le corresponde vigilar que se haga efectiva.
3. El pago de las deudas de Air-e no solo es una obligación de la empresa, sino que cobra mayor relevancia en momentos de intervención, pues, la garantía de pago le corresponde a una entidad pública, que es la Superservicios.
