El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, dio a conocer este miércoles desde Barranquilla que el Gobierno no asumirá la deuda por $2 billones de la empresa Air-e con generadores de energía por tratarse de un “hecho heredado”.
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“Antes de la intervención del Gobierno, las deudas acumuladas por los privados dueños de Air-e alcanzaban esa cifra. Si no hubiéramos intervenido, esta zona del país ya estaría apagada”, mencionó el jefe de la cartera ministerial.
De acuerdo con el funcionario del orden nacional, las deudas fueron causadas por una administración que cobró a los usuarios conceptos como la opción tarifaria de forma acelerada, así como procedió a un endeudamiento sobre dicha expectativa.
“Agraviaron tanto a los usuarios como a la compañía misma. Actualmente, la Superintendencia de Servicios Públicos –y no el Ministerio– está a cargo de la empresa y trabaja en lo que la ley denomina una solución empresarial para resolver la situación”, agregó.
Destacó que el enfoque actual de la administración de la compañía está dirigido a mejorar la vida de los pequeños comerciantes y habitantes mediante la autogeneración de energía, principalmente a través de paneles solares.
“Estamos promoviendo soluciones concretas, no solo hablando como otros sectores que se dedican únicamente a criticar al Gobierno”, recalcó Palma.
Aumenta la tensión
Desde el sector de la generación de energía, la preocupación es creciente. Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), explicó que de los $2 billones, cerca de $500 mil millones corresponden a deudas que quedaron antes de la intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos.
“Nadie está diciendo que eso tenga que pagarse hoy. Ese monto se debe tener en cuenta cuando se decida qué hacer con la empresa, cómo hacer la liquidación de esas deudas pendientes”, dijo el líder gremial a EL HERALDO.
Mencionó, además, que la deuda adquirida desde el inicio de la intervención corresponde a $1.5 billones.
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“Eso es lo que estamos pidiendo, que se ponga al día. Eso es lo que no permite que haya un flujo normal de recursos y por ende –obviamente– toda la cadena está apretada. Estamos viendo cómo la empresa está acumulando día a día deudas y el Gobierno no hace gestión para poder definir cómo asume esos saldos”, agregó.
Sostuvo que la situación es cada vez más grave y se necesitan acciones que den una solución definitiva a esta problemática.
“Esta situación pone en riesgo la continuidad del servicio en regiones como Magdalena, Atlántico y La Guajira”, advirtió Castañeda.
Andeg recordó que, según el artículo 136 de la Ley 142 de 1994, es obligación del Estado garantizar la continuidad y calidad del servicio, así como el respeto a las condiciones pactadas con los agentes del mercado.
El gremio también propuso explorar mecanismos de financiación como la expedición de un documento Conpes, operaciones de crédito público, garantías de la Nación y créditos de tesorería para evitar un eventual colapso en la cadena de prestación del servicio.
“Las generadoras han mostrado disposición para negociar plazos y soluciones, pero no se puede desconocer el régimen jurídico del sector. El incumplimiento afecta la operación y pone en riesgo la estabilidad del sistema eléctrico”, insistió de nuevo Castañeda en una misiva enviada recientemente a Superservicios.
Gestiones frente a la tasa de seguridad
El ministro Palma se pronunció sobre el debate que ha generado el cobro de la tasa de seguridad en Atlántico e insistió en la necesidad de su retiro para generar una reducción de la facturación de energía.
“Desde el Gobierno hemos defendido que no se trasladen este tipo de cobros a las facturas”, sostuvo.
También se refirió a la situación de la opción tarifaria, que se ha planteado cobrar únicamente a los estratos altos.
“La decisión sobre la opción tarifaria está bastante avanzada desde el punto de vista comercial, pero requiere ajustes técnicos”, dijo.
Por último, el ministro Palma hizo énfasis en que la factura de energía no debe ser un vehículo para trasladar otros gastos que no están directamente relacionados con el consumo del servicio.
