Como un “baldado de agua fría” ha caído el anuncio hecho por el Ministerio de Transporte con relación a que en las “próximas semanas” se iniciará el cobro de valorización en los predios ubicados en la zona de influencia del eje vial Cartagena – Barranquilla, que comprende la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad.
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Efraín Cepeda, presidente del Comité Intergremial del Atlántico, aseguró que este cobro se constituye en una “amenaza de confiscación” de los predios que están ubicados en un radio de 5 kilómetros desde el eje de dichas vías.
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“Eso significa que serán gravados casas, apartamentos, lotes y todo tipo de predios de prácticamente todo Puerto Colombia, incluyendo la sectores como Villa Campestre, Lagos de Caujaral, Portal de Genovés, entre otros. En Barranquilla, buena parte de la zona norte y noroccidental con sectores como La Castellana, Buenavista y Miramar, y a nivel departamental serán afectados los municipios de Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Soledad y Malambo”, recalcó el líder gremial.
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Puso de presente que, en un principio, el Gobierno nacional proyectaba recaudar $724.544 millones, sin embargo, se incrementarían los ingresos debido a que “ya no hablan de 60 mil predios, sino de una base gravable de 240 mil predios. O sea que multiplican por cuatro veces la base gravable inicial”.
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“El cobro de valorización nacional puede llevar fácilmente a los propietarios de los predios gravados a incumplir con los pagos y en consecuencia a ser sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podrían llegar hasta el remate de los inmuebles”, explicó.
Además, enfatizó que “es muy grave porque al registrar el cobro en el folio de la matrícula inmobiliaria de los predios afectados por la derrama de dicha valorización, prácticamente estaríamos sometidos a una confiscación”.
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También expuso que es “inadmisible” e “inequitativo” que habitantes de Barranquilla y Cartagena y de los municipios localizados en el área de influencia de este corredor vial deban pagar el cobro de la valorización nacional por una vía que aún tiene 60 kilómetros en calzada sencilla.
“La Resolución 1729 del 26 de mayo de 2023 es más aberrante aún porque basado en ese instrumento el gobierno nacional pretende utilizar dichos recursos para desarrollar proyectos de infraestructura en diferentes regiones del país”, mencionó Cepeda Tarud.
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A su turno, el diputado Camilo Torres Villalba expuso que el cobro de valorización para el corredor vial Barranquilla-Cartagena es “lesivo” para el departamento.
“La gran mayoría de la población en Puerto Colombia se vería afectada. Según las proyecciones, son casi $720 mil millones que se recaudarían y sería un dinero que no se vería reflejado en proyectos y obras que finalmente benefician al Atlántico o al Caribe”, expuso.
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Por esa razón instó al Gobierno nacional a que replantee la decisión, puesto que se convertiría “en un golpe bajo al bolsillo de los atlanticenses que ya sufren demasiado con las altas tarifas de energía”.
