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Los gremios de Atlántico y Bolívar pidieron este jueves al Ministerio de Transporte derogar las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 de Instituto Nacional de Vías (Invías), por medio de las cuales se pretende ejecutar el cobro de valorización a los predios ubicados en cercanías del corredor Cartagena – Barranquilla y Circunvalar de la Prosperidad.

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El Comité Intergremial del Atlántico y el Consejo Gremial de Bolívar argumentaron –a través de un comunicado– que estas resoluciones “violan principios constitucionales y legales”, además de presentar “vicios de nulidad” en su formulación.

“Contempla retroactividad del cobro contraviniendo el artículo 363 de la Constitución, que lo prohíbe para las leyes tributarias; inadecuada determinación del beneficio, violando la Ley 1819 de 2016 que exige demostrar un beneficio económico concreto para los inmuebles afectados; deficiencias en la zona de influencia que fue delimitada sin seguir los criterios técnicos establecidos por la normativa”, expusieron los gremios.

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De igual manera, precisaron que este proyecto de valorización carece de estudios técnicos y socioeconómicos para establecer la capacidad de pago de los contribuyentes, así como también –precisaron– contiene errores en la determinación de la base gravable que se estableció “sin descontar ingresos ya generados por peajes, lo que vicia el cálculo del monto distribuible”.

Por cuanto al método de distribución, manifestaron que es “cuestionable” por cuanto “carece de criterios objetivos por basarse en metodologías inapropiadas y no contextualizadas, que no reflejan adecuadamente la capacidad de pago de los contribuyentes”.

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En esa misma medida, los gremios rechazaron la propuesta hecha por la ministra de Transporte, María Constanza García, de aceptar el cobro de la valorización sobre la base de destinar un porcentaje del recaudo a obras de Atlántico, Bolívar, Magdalena y Cesar.

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“No puede el Gobierno condicionar la ejecución de proyectos fundamentales para esta región al pago de dicha contribución cuando debieron incluirse en el Presupuesto Nacional de este año y del 2025. Es inequitativo con los departamentos de Atlántico y Bolívar que el Gobierno pretenda imponer una contribución nacional sobre la Vía al Mar, de 110 kilómetros, de los cuales aproximadamente el 60 % está en calzada sencilla, y que incluya dentro de su cobro a hogares de Sisbén C que son familias vulnerables en riesgo de caer en pobreza”, apuntaron.