La Defensoría del Pueblo informó que continúa realizando el seguimiento y mediación a la emergencia que se presentó el pasado 6 de noviembre del 2022 en el municipio de Piojó, departamento del Atlántico, con el fin de que se generen soluciones efectivas para las más de 200 familias que resultaron afectadas durante la emergencia.
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Señaló que después de casi dos años del deslizamiento de tierra que arrasó con un barrio entero y el cementerio de esa localidad, aún se encuentran sin respuestas concretas a sus necesidades de vivienda y reubicación.
Cabe mencionar que desde septiembre de 2023, se anunció un proyecto de reubicación en un predio conocido como “Guayabal”, de 14 hectáreas. Sin embargo, hasta la fecha, los avances prometidos no se han materializado en un proyecto específico por lo que la comunidad continúa a la espera de respuestas claras y efectivas del estudio que explica el origen del deslizamiento, como también sobre la concreción de su reubicación en condiciones dignas.
A pesar de los compromisos adquiridos por diversas entidades del Gobierno nacional, la Defensoría requirió a las diferentes entidades responsables como la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la Gobernación del Atlántico y la Alcaldía de Piojó, en razón a que la situación de fondo de estas familias sigue sin resolverse.
El 11 de julio, la Regional Atlántico convocó a primera sesión de mesas de trabajo a las entidades requeridas. Esta mesa contó con la participación de representantes de la comunidad, Ungrd, Gobernación del Atlántico, Alcaldía del municipio de Piojó, Universidad del Atlántico, Personería Municipal, Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
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En la primera mesa de seguimiento, convocada por la Defensoría en las instalaciones de la Regional Atlántico, se generaron compromisos por parte de cada una de las entidades para la construcción del proyecto y un plan de trabajo integral que incluye la elaboración del proceso de reasentamiento con los componentes necesarios para realizar el proyecto de manera integral, la continuidad de la entrega de ayudas económicas, subsidios de alquiler y acompañamiento psicológico para las familias damnificadas.
El 20 de julio se llevó a cabo reunión con el director de la Ungrd, Gobernación del Departamento y Alcaldía de Piojó y comunidad. Sin embargo, una vez finalizada, los habitantes elevaron la queja de no haber recibido información clara de avances efectivos del proyecto para lograr la reparación de las familias afectadas.
En reunión más reciente, celebrada el 15 de agosto, se estableció, como resultado del ejercicio de la Defensoría, que el día 2 de septiembre la Alcaldía de Piojó y la Ungrd entregarán una propuesta borrador completa sobre el proyecto de reubicación, que incluye responsables, presupuestos y tiempos.
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La Defensoría del Pueblo reafirmó su compromiso de continuar velando por los derechos humanos de los afectados y de seguir ejerciendo un seguimiento exhaustivo para asegurar que las entidades responsables cumplan con los compromisos adquiridos, garantizando la reubicación y reparación integral de la población afectada.
Por último, la entidad nacional de derechos humanos reiteró su llamado a las autoridades locales, regionales y nacionales para qué prioricen este proyecto y destinen los recursos necesarios para su pronta ejecución, toda vez que las familias afectadas requieren una “solución urgente”.
