La Procuraduría General de la Nación abrió una nueva investigación por las presuntas irregularidades en la asignación de becas escolares en Soledad.
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Este nuevo proceso contra la alcaldesa Alcira Sandoval y la secretaria de Educación, Aida Ojeda, tiene que ver con el contrato suscrito entre la administración municipal y la Institución Educativa Nuestra Señora de Guadalupe por $ 3.066 millones para atender a 1.872 alumnos becados.
El ente de control señaló que –tras las denuncias publicadas por EL HERALDO– la investigación va direccionada a determinar un presunto incumplimiento de los requisitos legales y habilitantes para ejecutar el convenio.
La Procuraduría Provincial de Barranquilla señaló que, de acuerdo con la nota publicada en el medio de comunicación, se estaría prestando el servicio educativo a 1.872 alumnos becados en sedes no autorizadas por la Secretaría de Educación del municipio, a pesar de que en los documentos del Secop solo tiene una sede autorizada para prestar los servicios.
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“Se investiga si se habrían incumplido los términos, y normas contractuales y presupuestales que rigen el contrato por, presuntamente, habilitar otras sedes y subsedes en diferentes barrios del municipio para ofertar los servicios del contrato, y si se ha garantizado la prestación del servicio educativo a través del Banco de Oferentes a los soledeños”, señala la comunicación emitida por el ente de control.
A través de esta actuación disciplinaria, la Procuraduría solicitó la práctica de pruebas, con el fin de verificar la posible ocurrencia de conductas irregulares.
“Se dio a conocer a la investigada los beneficios legales establecidos, en caso de confesión o aceptación de cargos”, apunta.
