La Procuraduría Provincial de Instrucción de Barranquilla puso en marcha una indagación previa para determinar posibles irregularidades en el proceso de contratación de las obras en un tramo de la calle 30, a la altura del sector de Tauro.
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De acuerdo con lo expuesto en el auto que da inicio al proceso, la indagación previa tendrá una duración de 6 meses y culminará con el archivo definitivo o el auto de apertura de investigación contra funcionarios de la Alcaldía de Soledad.
El Ministerio Público ordenó la práctica de una serie de pruebas. Una de ellas corresponde a solicitar copia de la documentación precontractual del convenio, la copia de los informes de ejecución y los de supervisión. También deberán presentarse los comprobantes de egreso de los pagos realizados al contratista, actas de inicio, suspensión, reinicio, final y liquidación si las hubo.
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También se solicitará, durante una inspección disciplinaria en la Oficina de Planeación de Soledad, del convenio interadministrativo suscrito con el fin de “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la mejora y rehabilitación del desarrollo urbano en puntos críticos de la calle 30 y avenida de acceso al municipio de Soledad”, así como los estudios previos.
En la diligencia se conocerá el número de oferentes que se presentaron en el proceso y una copia de las ofertas recibidas. Además, se establecerá si el contrato fue publicado en Secop y el procedimiento correspondiente.
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“Una vez practicadas las pruebas ordenadas y establecido el nombre de los presuntos responsables se procederá a escuchar en diligencia de versión libre sobre los hechos objeto de indagación; en el evento de señalar responsables, tomarles juramento y continuar con la versión”, agregó la Procuraduría.
Este proceso se encuentra fundamentado en una queja presentada por el concejal Bryan Orozco y el líder social Federman Vizcaíno debido a que las obras de recuperación de los 180 metros comprendidos entre la carrera 1 y el puente Simón Bolívar fueron contratadas de manera directa con la Empresa para el Desarrollo Urbano de Occidente.
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Dicho contrato fue suscrito por $6 mil millones con dicha empresa, que fue constituida en julio del año anterior con un capital de $600 millones, es decir, el 10 % del valor del convenio.
“A pesar de que fue denominado convenio interadministrativo, su naturaleza en realidad corresponde a la de un contrato interadministrativo, donde la participación del contratista no responde a los criterios de colaboración y cooperación, sino que actúa como cualquier contratista del mercado”, expusieron los denunciantes en su momento.
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En la queja también aseguraron que “la celebración de este contrato bajo la espuria modalidad de convenio interadministrativo no tuvo finalidad distinta a la de eludir la obligación de seleccionar el contratista a través de licitación pública, defraudándose los principios que rigen la contratación estatal”.
