Parece ser que la llegada de la pandemia de la COVID-19 a Colombia ha hecho más notorio el abandono estatal a las personas privadas de la libertad, del cual se ha hablado por largo tiempo.
Si bien en Barranquilla no se han registrado motines en los centros penitenciarios, ni tampoco ha habido levantamiento de presos en cárceles transitorias; EL HERALDO conoció que desde que inició el aislamiento social nacional el pasado 24 de marzo, se ha extendido entre funcionarios judiciales y ciudadanos la preocupación por las condiciones en las que los presos pasarán la cuarentena.
Fuentes judiciales de entera reserva aseguraron a este medio que los detenidos que permanecen en las carceletas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía -ubicado en la calle 44 con carrera 44 del Centro de Barranquilla- son los que tienen la situación más complicada. Falta de alimentos e insumos para la prevención del coronavirus han alarmado al ente judicial y puesto sobre la mesa una aparente falta de ayuda por parte de los entes distritales y departamentales.
En días pasados, EL HERALDO publicó que una fundación barranquillera era la que, a punta de donaciones, estaba llevan almuerzos diarios a los detenidos que se encuentran en la URI y en las carceletas del Centro de Servicios en la ciudad; sin embargo, según la denuncia de la fuente, esta labor social solo cubriría una de las comidas de los presos y, debido a ello, los mismos fiscales habrían tenido que organizar una colecta para brindar desayunos a los detenidos.
'Compañeros fiscales, coordinadores, la verdad es que hoy toco la puerta de solidaridad de todos para ver qué podemos hacer o contribuir para darle un podo de alimentos a los internos que tenemos en la URI. Con un aporte que hicimos los fiscales de URI les dimos desayuno (…) Da dolor que uno llegue a las carceletas y lo que dicen es doctor, tengo hambre, no he comido', se escucha en un audio conocido por EL HERALDO y que habría sido enviado por un fiscal -cuya identidad se mantendrá en reserva- a otros fiscales de la ciudad, pidiendo 'solidaridad'.
Dicha solicitud -que sin duda alguna es externa a sus labores fiscales- correspondería más exactamente a los presos que ya tienen medida de aseguramiento dictada por parte de un juez y cuyo traslado no se habría cumplido por parte del Inpec. En total, según la fuente, son 35 personas de las casi 50 que están en la URI, según había informado días anteriores la Fiscalía.
Ante ello, los funcionarios habrían cuestionado la responsabilidad de los entes gubernamentales, pues aseguraron en mensajes de texto y audios que 'por ley, quienes tienen la obligación de alimentación y salud a los presos cobijados con medida de aseguramiento es el Municipio y/o Inpec'.
'Sería bueno entonces que inmediatamente el distrito asuma su obligación', se pudo leer en uno de los mensajes, al cual respondió en un audio un hombre -al cual la fuente identifica como el director (e) de la Fiscalía Seccional Atlántico, Régulo Calderón Casalins- diciendo que ya se habían puesto en contacto con el Distrito para que cumpliera con la 'obligación'.
'Hemos venido tocando el tema con la Alcaldía, con el doctor Clemente Fajardo, varias veces le hemos estado planteando la situación, la necesidad que hay por parte de esa población y la obligación que ciertamente tiene la Alcaldía de proveer esos alimentos', responde, según afirma la fuente, Calderón Casalins.
En otro audio dice: 'Él (Clemente Fajardo) dice que no es que hayan estado ausentes del todo, sino que han vendo a través de Dulcerna y otras asociaciones haciendo algunos aportes para el tema de los almuerzos y que van a plantear nuevamente para aportar más mercados que se empleen en la realización tanto de los desayunos, como de las cenas. Él se comprometió a estar al frente de eso'.
EL HERALDO preguntó al secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, sobre la situación expuesta sobre los detenidos en la Unidad de Reacción Inmediata (URI). El funcionario, vía WhatsApp, aseguró que desde que comenzó la crisis el Distrito de Barranquilla ha suministrado la 'alimentación a los presos de la URI y del Centro de Servicios Judiciales'.
¿Y cómo previenen el coronavirus?
Por otro lado, el denunciante también dijo a EL HERALDO que en el tiempo que ha transcurrido de cuarentena no se han entregado a trabajadores de la URI los insumos sanitarios que resultan necesarios para prevenir el contagio del nuevo coronavirus, 'y mucho menos a los presos'.
'La problemática es muy grande y pone en peligro a toda la sociedad por la posible propagación de la epidemia en ese hacinamiento y sin medida sanitaria alguna', aseguró la fuente judicial.
Dichos insumos, supuestamente, debían ser entregados por la Secretaría de Salud de Barranquilla, quien además tenía en sus manos la responsabilidad de hacer controles permanentes a los presos de la URI para verificar su estado de salud.
Cabe destacar que, según publicó EL HERALDO en su momento, el pasado viernes le habrían practicado una prueba de coronavirus a un preso de las carceletas de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía, pero la institución no confirmó ni negó dicha información. Lo que sí aseguró la Fiscalía Seccional Atlántico, a través de su oficina de comunicaciones, es que la misma institución solicitó a la Secretaría de Salud Distrital que se hicieran las visitas periódicas a la URI.
Tras la publicación de dicha información, se conoció que los funcionarios de salud habrían empezado a aplicar los controles periódicamente a los presos para prevenir el contagio de la COVID-19 y atender cualquier caso que se presente.
