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El remedio ha resultado peor que la enfermedad. Este adagio popular se ha convertido en la “frase de combate” de los docentes y sus familias en Barranquilla y el Atlántico a causa de la implementación del nuevo modelo de salud.

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Demoras en la entrega de medicamentos y dificultades para acceder a citas con especialistas son algunas de las quejas más recurrentes del magisterio. Dos meses después del inicio de la etapa de transición, los usuarios han expresado su  “descontento” con los resultados y piden que haya correctivos “en el menor tiempo posible”.

José Ignacio Jiménez, presidente de la Asociación de Educadores del Distrito de Barranquilla (Adeba), aseguró que el modelo no se ha implementado correctamente en el departamento. Indicó que se han presentado “saboteos” por parte de funcionarios de la Fiduprevisora y el Fomag.

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Les ha quedado grande este proceso, porque conocemos el detalle de este modelo. Nosotros sabemos que con su correcta implementación se solucionan las problemáticas de salud que hemos venido padeciendo los maestros y sus beneficiarios con los anteriores operadores”, sostuvo Jiménez en diálogo con EL HERALDO.

Sostuvo que se han presentado retrocesos en la atención médica de los maestros, en especial, en lo relacionado con la transcripción de las incapacidades y la entrega de las órdenes para la atención por parte de los especialistas.

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“Los maestros ahora deben hacer largas colas en la Fiduprevisora, porque las plataformas que han puesto al servicio no han funcionado”, enfatizó.

Destacó que el presidente Gustavo Petro lideró este cambio “con la mejor intención”, con el objetivo de implementar un modelo de salud digno para el magisterio. Por eso hizo un llamado al jefe de Estado para que “se ponga al frente de este proceso para que se implemente al pie de la letra y podamos salir de este caos”.

A su turno, el docente Alberto Ortiz Saldarriaga indicó que el balance tras dos meses de implementación del nuevo modelo de salud es negativo y “desesperanzador”.

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“El magisterio ha soportado casi que con estoicismo las consecuencias de unas ideas que nacieron acá y fueron desfiguradas en su aplicación desde un inadecuado proceso de dirección y planificación”, explicó el directivo de la Asociación de Docentes del Atlántico (Adea).

Además, expuso que la contratación del nuevo modelo se dio “en contravía” de la Ley Estatutaria de Salud y del propio Acuerdo 03 del Fomag: “Se decidió desde Bogotá contratar el primer nivel por capitación y no por eventos y se eliminó para los maestros la libertad de escogencia y para los prestadores la competencia, situación que se agrava si se tiene en cuenta que no se sabe bajo qué criterios se seleccionó a entidades a las que les quedó grande el reto”.

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También indicó que ante panorama presentó una tutela con el fin de que se garantice el derecho a la libertad de escogencia de los prestadores de salud y se pueda hacer tránsito a un modelo de subsidio a la demanda como se encuentra establecido en el proceso original.

“Cuando lo que está en riesgo y bajo amenaza es la salud y la vida de los maestros y de sus familias, no puede haber posturas frías y dubitativas, en las que se anteponga a la defensa de los derechos e intereses del magisterio, intentar no generarle molestias al Gobierno”, agregó.

Por su parte, Victoria Avendaño, ejecutiva de la Federación Colombiana de Educadores (Fecode), aseguró recientemente que los gobiernos de turno han desconocido las condiciones del sistema de salud para los docentes y sus familias, por lo cual se han realizado reclamos históricos para que se cumpla con lo contemplado por la ley.

“Hemos venido planteado, desde que se inició este proceso, que el modelo de salud debe continuar siendo el que se definió por la ley 91. Tenemos un modelo especial y en ese marco tenemos unas condiciones especiales para la prestación de este servicio”, puntualizó Avendaño.