A través de la vía judicial se busca frenar el cobro de valorización en los departamentos de Atlántico y Bolívar. Este miércoles, el senador Mauricio Gómez Amín radicó una demanda de inconstitucionalidad con el “firme propósito” de proteger los derechos de los ciudadanos.
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De acuerdo con el congresista liberal, la demanda fue presentada contra el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno de Gustavo Petro. De esta manera se busca que se declare la inexequibilidad parcial de este artículo, que modifica las disposiciones relativas al cobro de la contribución nacional por valorización establecidas en el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016.
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“La norma impugnada permite que dicho cobro se pueda efectuar hasta cinco años después del inicio de la ejecución del proyecto, lo cual es una vulneración a los principios constitucionales y un perjuicio significativo para los habitantes de Atlántico y Bolívar, ya que son estos departamentos en los que se implementará este plan piloto”, sostuvo.
Indicó, además, que este cobro impondría una “carga injusta” a los ciudadanos de los dos departamentos: “No permitiré que Atlántico y Bolívar sean utilizados como escenarios experimentales para un proyecto piloto de valorización que recaudaría 2.1 billones de pesos, los cuales podrían ser invertidos en cualquier parte del territorio nacional”.
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Señaló que esta valorización retroactiva es inconstitucional y representa un freno para el desarrollo de los departamentos afectados. Puso de presente que, a pesar de la finalización del contrato de construcción de la vía Barranquilla-Cartagena, más del 65 % de la vía sigue sin doble calzada, dejando 60 kilómetros en un estado crítico.
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“Los ciudadanos ya soportan el pago de cinco peajes costosos en la ruta Barranquilla - Cartagena en una vía inconclusa de doble calzada, incluyendo el peaje anti técnico de Papiros”, enfatizó.
Además, enfatizó en que esta medida genera un impacto desproporcionado para el Atlántico, toda vez que, de los 248 mil predios afectados, 180 mil se encuentran en el Atlántico: “Esta valorización retroactiva es inconstitucional y frena el desarrollo de nuestros departamentos”.
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En su demanda, el Senador Gómez Amín fundamenta su petición en la violación de varios principios constitucionales, entre ellos, la irretroactividad de los tributos, la buena fe y confianza legítima de los ciudadanos, así como el principio de unidad de materia de la ley.
