Este viernes se cumple el mes de plazo entregado por el presidente Gustavo Petro para que las tarifas de energía en el Caribe empezaran a bajar al asumir la deuda pendiente por la opción tarifaria. Aunque el Ministerio de Minas y Energía ha adelantado una serie de reuniones con las empresas comercializadoras para materializar esta promesa, sigue la expectativa alrededor de cuándo se empezarán a ver los alivios en las facturas de los usuarios.
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Una de las definiciones hechas por el Gobierno corresponde a cubrir, inicialmente, los saldos correspondientes a los estratos 1, 2 y 3, que ascienden a $2.7 billones. Para eso se usarán $2 billones de una línea de crédito de Findeter y la Financiera Nacional de Desarrollo (FND) aportará $700 mil millones adicionales.
Aunque se viene construyendo un cronograma para el desembolso de los recursos, el ‘cuello de botella’ en este momento está relacionado con la necesidad de una ley de la República para que el Gobierno nacional pueda asumir dicha deuda y así las empresas trasladen el beneficio a los usuarios.
“No tenemos certeza de cuál será el momento en que se materializará el beneficio, si al momento que se entreguen los recursos a las empresas –que obviamente dirá que sigue teniendo la deuda– o en el momento en que la Nación asuma la deuda directamente”, sostuvo Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg).
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A su turno, José Camilo Manzur, director de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), expuso que se encuentran a la expectativa de la materialización de la propuesta del jefe de Estado.
“La opción tarifaria, como se sabe, su monto asciende a cerca de $4,5 billones, deuda que se ha venido acumulando desde la pandemia y cuyo pago es esencial para fortalecer la salud financiera de las empresas comercializadoras en su rol de entregar a los colombianos un servicio como el de la energía eléctrica”, expuso.
Manzur indicó, además, que el gremio ha solicitado claridad con relación a las fechas para que el compromiso del presidente Petro sea una realidad: “Hemos propuesto alternativas, justamente, para acelerar la instrumentalización de la medida a fin de, reitero, aliviar las tarifas a los usuarios y darle una mayor salud financiera las empresas”.
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En esa misma línea, el director de Asocodis expuso que “una vez se concrete el anuncio gubernamental, se generarían reducciones en las tarifas de hasta 19 %, según nuestros estimativos, con variaciones que obviamente dependerán de cada una de las regiones”.
Sandra Fonseca, directora de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), expuso que se entiende la buena fe del Gobierno para adoptar acciones a favor de los usuarios del país, en especial, de la región Caribe.
“Es difícil pensar que una acción así se adoptaría en un mes, cuando requiere un proceso de varios meses y el cumplimiento de certificación de una llamada deuda, pero que no se caracteriza como tal. Si se quiere apoyar con ingresos públicos a las comercializadoras, se debería en todo caso definir cuál es la contraprestación por este ingreso en términos de inversiones, y en resultados de mejor calidad y disminución de pérdidas”, sostuvo.
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Recalcó que es “prematuro” esperar alivios por este concepto: “Si llegan, estos serán por decisiones diferentes que aún no se concretan”.
La directora de Asoenergía recalcó que se deben adoptar correctivos a las “causas estructurales” de la crisis energética, antes de tratar de aliviar con medidas paliativas.
“Algunos temas propuestos son: actualizar el indexador, adoptar el índice de Precios al Consumidor (IPC) por el índice de Precios al Productor (IPP) hacia adelante en toda la cadena, devolviendo los ingresos con IPP a 2020 y hacia adelante con IPC. Respecto a las pérdidas no técnicas, pagarlas sobre cada punto de reducción en cada mercado, no a priori. Finalmente, ajusta cargos de distribución según inversiones reales”, enfatizó.
