Seguramente las centrales obreras no harán esfuerzo alguno para concertar un incremento razonable del salario mínimo y no se moverán un ápice de su petición inicial pues saben que al final el gobierno lo hará a su antojo por decreto, tal como ha ocurrido en los dos años anteriores.
El Gobierno Nacional ha justificado este proyecto argumentando la necesidad de financiar el hueco fiscal que trae el presupuesto General de la Nación, que le impide el cumplimiento de sus metas sociales, con la promesa de una reactivación económica en un escenario que supuestamente garantiza la sostenibilidad fiscal y ambiental del país.
Como no ha podido acabar con la minería de carbón en el país, imponiendo mayores impuestos y restricciones ambientales, estará feliz que lo hagan los bloqueos que realizan esas comunidades, que al final desafortunadamente serán las más afectadas.
Esta iniciativa del Gobierno nacional, fiel a su orientación ideológica, amerita el rechazo masivo de la mayoría de los colombianos, por la sensibilidad y la resistencia que genera, quienes consideran que se estarían vulnerando los valores que se deben fomentar en las familias para el normal crecimiento y desarrollo de sus hijos menores de edad.
Los colombianos necesitamos conocer qué ocurrió. Si existe la norma para esas posibles o presuntas violaciones lo más indicado es que se investiguen. Hacerlo no debería interpretarse, como emocionalmente lo hace el presidente, como una estrategia que tiene el propósito de darle un golpe de Estado.
Ojalá el gobernador y su equipo continúen convencidos de que su misión como gobernantes no es producir más frases célebres relacionadas con la educación, sino convertir los mensajes que contienen las existentes en hechos positivos y concretos para el bienestar de los habitantes de La Guajira.
Esta puede ser una reforma que en vez de traer beneficios netos para la economía podría traer más restricciones que oportunidades para muchos colombianos. Con esta reforma el Gobierno además de golpear al capital y a los empresarios, también impedirá el acceso a una mejor calidad de vida de muchos colombianos al limitárseles las posibilidades de empleo.
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