Luego de su riguroso estudio de la situación, la Sección Tercera concluyó que ese hecho constituía una violación al derecho a la información, pues limita el acceso a una oferta informativa plural y eficaz, impone de manera obligatoria una única fuente de información oficial y restringe el libre acceso a otras opciones de entretenimiento y cultura, especialmente de horario de alta audiencia.
Llegó la hora de que en La Guajira asumamos con responsabilidad el liderazgo necesario para emprender el camino hacia un nuevo escenario económico y social que traiga desarrollo para este rico y bello territorio, ávido de buena gestión gubernamental.
Ahora el presidente Petro mediante discursos veintejulieros contra los Senadores, los alcaldes de las principales ciudades del país -a los que llama alcaldes de la muerte- y en general a todos los que se le oponen, ha anunciado que continuará con su consulta popular, con la que alimentará la polarización y el odio entre los colombianos con el propósito de mantener el poder.
A pesar de las evidencias y de la rigurosidad de las fuentes de los datos mencionados, el presidente Petro ha insistido en su actitud negacionista, y apoyado en una información que emitió el saliente ministro de Defensa, relacionada con la reducción de la tasa de homicidios intencionales –que difiere con las cifras de Medicina Legal– se atrevió a decir que la situación de orden público “no es tan dramática y está mejorando
Lo anterior debería ser suficiente para justificar el ejercicio de autoridad del gobierno nacional, orientada a prevenir los bloqueos, que en su mayoría son realizados por las comunidades para protestar por incumplimientos del mismo Estado, o para emprender acciones de inteligencia que permitan identificar y procesar judicialmente a los responsables de los atentados terroristas.
El primer hecho fue la decisión autónoma de la Junta Directiva del Banco de la República, que, a pesar de las presiones del gobierno nacional, en su primera reunión de política monetaria del año, conservó su postura cautelosa, dadas las señales en contra del proceso desinflacionario, y decidió mantener la tasa de interés sin cambios en 9.5%.
El fenómeno inflacionario es un proceso devastador y empobrecedor. De ahí la importancia del mandato constitucional de controlarlo eficazmente. La realidad nos indica que no es necesario ser expertos en políticas macroeconómicas para conocer el efecto inflacionario de los excesos en los reajustes al salario mínimo.
En la práctica sería un reconocimiento a un gobierno ilegitimo montado con un descarado fraude electoral, que la mayoría de los colombianos rechazamos porque no representa la tradición democrática de nuestro país.
Es el momento oportuno para que, como individuos, y como parte activa de esta sociedad, nos comprometamos a realizar acciones concretas para evitar que el experimento político que vivimos con el gobierno nacional actual, nos impida tener un país donde se construya riqueza, desarrollo y bienestar social con oportunidades para la mayoría de los colombianos.
Seguramente las centrales obreras no harán esfuerzo alguno para concertar un incremento razonable del salario mínimo y no se moverán un ápice de su petición inicial pues saben que al final el gobierno lo hará a su antojo por decreto, tal como ha ocurrido en los dos años anteriores.
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