Los jueces, o cualquier persona que tiene el honor de decidir un conflicto, han entendido, en su mayoría, lo importante que es hablar con los medios. Es la forma en la que pueden dar cuenta de sus actos, informar a la sociedad sobre las razones de las medidas tomadas; así se pueden evitar malas o tendenciosas interpretaciones. Estoy convencido que los tiempos cambiaron y hoy no es suficiente firmar fallos o sentencias, también es necesario explicarlas.
Una es que el Congreso, como constituyente derivado, cree el nuevo departamento mediante un acto legislativo, reformando directamente la Constitución como ha ocurrido con la creación de los Distritos Especiales, que, si bien no son departamentos, son entidades territoriales; al respecto, la Corte Constitucional ha dicho que “ante la falta de tales disposiciones resulta válido que el Congreso de la República erija Distritos por acto legislativo”.
Con relación al PND, las normas indican que el Gobierno Nacional debe radicarlo ante el Congreso dentro de los 6 meses siguientes a la iniciación del período presidencial; para su aprobación, Senado y Cámara tienen 90 días calendarios. De no hacerlo, el PND del Gobierno entrará en vigor mediante decreto con fuerza de Ley. Todo indicaría que sólo tendríamos Plan Nacional de Desarrollo aprobado por el Congreso en mayo o máximo junio de 2023.
De manera que mientras los generadores hidráulicos se enriquecen a costa, entre otras, de la Región Caribe, acá se agudizan la pobreza y otros males sociales por unas tarifas que se incrementan sin parar por causa del Índice de Precios al Productor, afectación fácilmente solucionable -si se quiere- dentro de un Pacto por la energía del Caribe.
Ojalá que quienes se dedican al aniquilamiento moral sin pruebas entiendan que son sujetos activos de delitos, además de la calumnia y de la injuria, como el ciberacoso y hostigamiento, dada su capacidad de difundir afirmaciones llenas de odio, incitadoras a la violencia, falaces, que divulgan en redes sociales sistemáticamente. Ahí están, esos son.
Según la próxima ministra hay 22 millones de hectáreas de tierra con vocación agrícola y se están explotando apenas 5.3 millones. Cifra que se incrementaría al tomar, como pretende, 19 millones de hectáreas, que, según ella, son improductivas porque están dedicadas a la ganadería, actividad que, según sus declaraciones, sólo debe tener 15 de las 34 millones de hectáreas que hoy, supuestamente, ocupan.
Así las cosas, serán las bancadas de cada partido, y no estos, las que decidirán las propuestas que apoyarán y las que no, después de un análisis detenido sobre cada una de ellas, pues no está en los representantes de un partido concretar un programa determinado. Eso sí, sin que las decisiones de esas bancadas le impidan o le cercenen a cualquiera de sus integrantes argumentar la objeción de conciencia, que, por cierto, es la única excepción al régimen de bancadas; y mucho menos impedir que se aparten de la decisión si existe un potencial conflicto de interés.
La Nación a través del Ministerio de Hacienda, y a nombre de todos los colombianos, les ha girado en los últimos seis años, a algunos de los municipios en donde se encuentra la tierra de propiedad de los resguardos indígenas y de las comunidades negras, la nada despreciable suma de $ 568 mil 830 millones.
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