Contra la justicia
La detención preventiva, que debe ser una excepción, corre el riesgo de convertirse en un castigo anticipado, sin que haya una sentencia condenatoria de por medio.
La detención preventiva, que debe ser una excepción, corre el riesgo de convertirse en un castigo anticipado, sin que haya una sentencia condenatoria de por medio.
El juicio penal es un acto solemne que debe cumplir con estrictos protocolos procesales. Cada prueba que se introduce en el debate oral debe haber sido previamente decretada por el juez y debidamente soportada en la teoría del caso de quien la presenta. No es un espectáculo mediático ni una improvisación donde cualquier elemento pueda aparecer sin control.
Es un llamado a la acción para garantizar que las mujeres puedan vivir sin miedo y con las mismas oportunidades que los hombres. La esperanza radica en reconocer esta realidad y comprometernos, desde todos los ámbitos, a construir un país más justo y seguro para todas.
Francia Márquez se va dejando más preguntas que respuestas. ¿Renunció porque no la dejaron hacer nada? ¿O porque vio venir el desastre y prefirió bajarse del barco antes de que se hundiera por completo? Lo cierto es que su salida no solo deja en evidencia las fracturas dentro del gobierno de Petro, sino que también confirma que su papel era más decorativo que decisivo.
Un peritaje mal enfocado puede decidir si una persona es considerada capaz de comprender sus actos, y las consecuencias penales, incluso cuando hay elementos suficientes para dudar de su responsabilidad. En estos casos, la “ciencia” se convierte en una herramienta de condena anticipada.
La figura de recusación existe precisamente para garantizar que el juez que lleva un proceso no tenga un sesgo que pueda afectar su objetividad. No tramitarla de manera adecuada es en sí mismo una demostración de la falta de imparcialidad que intentaba prevenirse con este recurso. Es decir, la negativa a estudiarla terminó reforzando la preocupación de la defensa y de quienes siguen el caso.
Lejos de ser un evento que demostrara coordinación y liderazgo, el consejo de ministros en vivo reveló fracturas profundas dentro del gobierno. No solo quedó en evidencia la falta de cumplimiento de los objetivos planteados, sino que lo que vimos, en cambio, fue un gobierno en el que la falta de cohesión es cada vez más notoria.
No podemos negar que Epa Colombia cometió un delito. Vandalizó estaciones de TransMilenio en medio de una protesta, lo que claramente es reprochable y transgrede las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Pero de ahí a considerarla un peligro para la sociedad o tratarla como si fuera una terrorista hay una gran diferencia.
La declaratoria de conmoción interior pone de manifiesto la gravedad de la situación en el Catatumbo y la incapacidad del Estado para garantizar una paz duradera en la región.
La exposición mediática puede generar riesgos de seguridad para las partes implicadas, desde la intimidación de testigos hasta el acoso a familiares de víctimas o acusados. Sin embargo, en contextos como el nuestro, donde la libertad de expresión es un derecho fundamental, imponer restricciones puede percibirse como un acto de censura.