A los colombianos nos repugna que el presidente Petro lleve medio centenar de muy costosos viajes al exterior, casi todos innecesarios, que solo pueden entenderse porque con ellos engaña en Colombia –único país cuyos medios amplifican esos sainetes– y le permite cumplirles a algunos petristas la promesa de campaña de ponerlos “a vivir sabroso”.
En otro país menos descompuesto, con tanto político adicto a la mermelada de la Casa de Nariño y tantos rabos de paja, Petro no hubiera ratificado a Benedetti o, desde noviembre, se habría rebelado la cúpula petrista, en contraste, cada vez más acomodada al neoliberalismo de Petro y a la abyección de Gustavo Bolívar.
El objetivo final de estas importaciones no puede ser más tenebroso. Que renunciemos a producir la dieta básica de los colombianos y especialicemos el agro en las frutas tropicales llamadas “productos postre”, especialización que en una crisis ambiental global puede llevarnos a una hambruna, según ha alertado la FAO.
El último capítulo de esta historia ocurrió hace poco, cuando los gobiernos de Estados Unidos y Colombia acordaron dejar intacto el TLC entre los dos países y añadirle una “nota interpretativa” al punto de los tribunales de arbitramento entre los dos países, tribunales diseñados para que los colombianos perdamos las controversias.
En su cinismo, Petro también ha hecho demagogia con construir otros trenes de Chile al Caribe, cuatro de Buenaventura a Barranquilla, Urabá, Tumaco y Puerto Carreño y otro de Bahía Cupica al Océano Atlántico, en el que malbarataron una gran suma para un estudio innecesario, porque es obvio su gran impacto ambiental y que no puede competir con el Canal de Panamá, el pretexto que usaron para contratarlo.
En 2026, los colombianos debemos negarnos a escoger entre el peor y el más malo de los proyectos políticos conocidos y fracasados, la falsa alternativa que quieren imponernos.
El Consejo de Estado y la Corte IDH señalaron que el Consejo Electoral sí puede investigar la campaña presidencial por el delito de violar los topes en 5.355 millones de pesos, corruptelas por las que deben responder Petro y Ricardo Roa, gerente de dicha campaña. Y están envueltos en otra acusación de corrupción el mismo Roa y Nicolás Alcocer, hijo adoptivo del presidente Petro.
A pesar de estos antecedentes –o por ellos–, el candidato Petro nombró a Roa gerente de su campaña presidencial de 2022. Y esa campaña está acusada en el Consejo Electoral por violación de topes en 5.355 millones de pesos, acusación por la que Roa podría ser condenado a entre cuatro y ocho años de cárcel (Ley 1864 de 2017).
Que Gustavo Petro y Susana Muhamad digan cuáles son sus metas en mitigación y adaptación del país al cambio climático, lo de verdad urgente, porque en esto es posible avanzar –si el gobierno trabaja a su favor, como es obvio– y dejan su falaz y perniciosa demagogia sobre la transición energética en Colombia.
Aunque los países no mueren, si se equivocan al no detectar las causas principales de sus problemas jamás los superarán y seguirán en crisis que tenderán a agravarse, con consecuencias iguales o peores que las que pueden llevar a gobiernos más equivocados que los que ya fallaron.
Opens in new windowMiembro de:
