Yo me uno a sus declaraciones, pues percibí en la canciller una actitud positiva y no me sentí utilizado, aunque sí hubo preocupación por eventuales declaraciones del presidente en la reunión de la CELAC en Tegucigalpa, con una activa presencia de China. Hubo diferencias, argumentos y propuestas, pero en un entorno de cordialidad y respeto.
Los indígenas son el 4,4% de la población y los mayores propietarios de tierra (39 millones de hectáreas), pero reclaman “derechos ancestrales” y la ampliación de sus resguardos es la principal demanda de los que hoy enfrentan al Gobierno en Bogotá.
Qué indolente la sociedad que lo permitió y en la que, por ingenuidad o por intereses políticos, muchos aún defienden las monstruosidades escondidas en el Acuerdo con las Farc, concebido en una traición premiada con Nobel, nacido en un asalto a la democracia y apadrinado por una clase política que arrendó su conciencia.
No me atrevo a afirmar que el presidente esté ambientando la disolución del Congreso, pero sí que busca deslegitimarlo, más de lo que ya está, generando una fractura entre los dos poderes que no le sirve a la estabilidad de nuestra democracia y a la gobernabilidad para sacar adelante sus reformas.
Hoy, Petro, progresista de izquierda, llevó sus propuestas al Congreso, representante constitucional de la voluntad popular y, no contento con su dictamen, lo suplanta por la consulta al pueblo representado en el Congreso. Otro asalto a la democracia.
No en vano un indignado ganadero sucreño denuncia que, a ese paso, el Gobierno logrará lo que parece el objetivo de su catastrófico catastro: “arrinconar a los productores para que vendan sus tierras”, otra modalidad de reforma agraria expropiatoria.
El país está acorralado y, si vamos a las causas, la crisis de violencia es producto de la gran mentira histórica: el engaño de la paz estable y duradera de Santos y las Farc. Por eso estamos como estamos.
Durante 50 años han negociado, en un ciclo de diálogo, incumplimiento, ruptura sangrienta y más diálogo. Hoy estamos en “ruptura sangrienta”, durante la cual, con cinismo, sus líderes cacarean su voluntad de paz y de “firmar para cumplir”, mientras incumplen y acusan al Gobierno de incumplido.
Para 2026, cuando se liberen las importaciones de leche desde Estados Unidos, con APPA o sin APPA, y sin que el gobierno haya tomado medidas para evitarlo, habrá un desplazamiento hacia otras actividades en las regiones lecheras.
En una mesa de expertos la ministra invitó a “una apuesta conjunta y redistributiva de la tierra”, porque el Gobierno necesita tierras y el Acuerdo con Fedegán para comprarlas va lento por falta de recursos. ¿Qué le queda? Expropiación administrativa y extinción de dominio por el uso inadecuado de la tierra, calificado fácilmente a partir de las determinaciones de uso de las APPA.
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