Un día después del colapso de una de las torres de la unidad residencial Privilegios, ubicada en la esquina de la calle 89 con carrera 41, del barrio Campo Alegre, localidad Norte-Centro Histórico, comenzaron las indagaciones por parte de las autoridades para determinar por qué 22 familias (74 personas) permanecían en esta edificación que había sido desalojada hace 14 años.
Las primeras versiones recogidas por las autoridades indican que dos de esas familias eran propietarias de apartamentos. EL HERALDO conoció que estas personas, al parecer, decidieron regresar a su hogar porque el valor del arriendo que les pagaba el Distrito no les alcanzaba para cubrir este gasto, pues también aún tenían la obligación del crédito bancario y estarían a la espera del pago de una indemnización por haber perdido su apartamento.
Otra de las líneas indagada por las autoridades tiene que ver con que 19 familias estaban pagando arriendo. En este caso, se trata de establecer si es cierta la información según la cual algunos propietarios de los apartamentos, para ganarse un dinero extra, decidieron entregar sus inmuebles en alquiler, pese a que están recibiendo el subsidio de arriendo por parte del Distrito. También investigan a una persona que estaría negociando arriendos con personas necesitadas de vivienda a bajo costo.
Solo una de las 22 familias estaría siendo considerada como ocupante ilegal de uno de los apartamentos; es decir, que no fue contactada por propietarios de inmuebles ni por terceras personas, sino que llegó para ocupar el predio.
Paralelo a esta indagación por parte de las autoridades, el Distrito de Barranquilla evaluará el estado de las torres de Privilegios que aún se mantienen en pie.
De hecho, el Consejo Distrital de Gestión del Riesgo hizo el anuncio para señalar que el propósito de este análisis es adoptar medidas oportunas en el corto y mediano plazo tras conocer la estabilidad de la infraestructura.
También se aclaró que la estructura colapsada no cuenta con servicios públicos que garanticen la integridad del entorno; por ende, con las empresas Triple, Air-e y Gases del Caribe, se determinó suspender el suministro de agua, energía y gas.
Asimismo, ordenó el cerramiento con el objetivo de evitar una tragedia mayor. También otras medidas como la presencia de autoridades y drones de visión nocturna vigilando desde el aire para evitar el ingreso de personas a los predios a buscar sus pertenencias o inescrupulosos que quieran robar lo que quedó, poniendo también su vida en peligro.
Dentro de las medidas adoptadas para el corto plazo está: brindar la estadía por una semana en hoteles para garantizar su seguridad y la calidad de su descanso, incluyendo su alimentación. En el mediano plazo, se asignarán los recursos para arriendo temporal de estas familias.
Además, se garantizarán las actividades del día a día, como asistencia a los colegios para los menores y el acompañamiento psicosocial. A los familiares de la señora Nelly Insignares Cantillo, fallecida en el colapso, se le otorgó el auxilio funerario que cubre el 100 % de los gastos asociados a esta lamentable pérdida.
Pese al trabajo que vienen desarrollando las autoridades para atender la emergencia, los vecinos de la zona consideran que la situación de las familias propietarias de las edificaciones con riesgo alto por fallas en su estructura es una herida abierta que las autoridades no han podido cerrar, por el costo que implica el pago de indemnizaciones a los afectados.
