La crisis tarifaria que se vive en el Caribe colombiano ha sido un tema constante en la agenda nacional ante el malestar entre las comunidades por los altos costos que tienen que pagar los usuarios por el servicio de energía eléctrica.
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En medio de esta coyuntura, algunos senadores de la bancada Caribe, líderes gremiales y representantes de usuarios han hecho una serie de exigencias al Gobierno nacional para que implementen acciones que permitan un alivio en las tarifas de energía.
Si bien el presidente Gustavo Petro anunció desde Barranquilla que se procederá a la titularización de la deuda del componente de la opción tarifaria, que asciende a $4.8 billones, aún falta mucho por hacer para que los usuarios de la Costa Caribe cuenten con tarifas competitivas.
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Otro de los reclamos por parte de distintos sectores corresponde a la falta de inversión en la infraestructura eléctrica del Caribe, que según los expertos es obsoleta. Esta deficiencia se ve reflejada en el costo que los usuarios deben pagar por las pérdidas técnicas, sumado a las pérdidas por fraude.
Desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño se anunciaron una serie de reformas en el país. Entre ellas se encuentra la Ley 142 de 1994, que corresponde a la ley de Servicios Públicos.
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Esta iniciativa no ha sido muy bien recibida por algunos sectores. Una las causas es que se le estaría entregando facultades al presidente de la República para regular directamente los servicios públicos domiciliarios, un régimen tarifario y un mínimo vital en acueducto, luz, gas natural y servicios mínimos de tecnología, pero también contempla todo lo referente a las Comunidades Energéticas que ya se adelantan en el país.
Durante la tertulia ‘En busca de soluciones para la crisis tarifaria en la región Caribe’, realizada por EL HERALDO, los participantes se refirieron a las implicaciones que tendría la mencionada reforma.
El senador del Pacto Histórico Pedro Flórez no dudó en respaldar dicha iniciativa. El parlamentario del oficialismo insistió en la necesidad de la reforma, argumentando que la ley actual “se quedó corta”.
Si bien el congresista reconoció que esta contiene las herramientas para encontrar una salida a la actual crisis energética y tarifaria, también carece de otros recursos que garanticen la igualdad y calidad en los servicios públicos.
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A su turno, el senador liberal Mauricio Gómez fue enfático en rechazar esta reforma si se llegara a presentar: “Yo no le daría esa herramienta al presidente, porque yo no confío en este Gobierno”.
El congresista liberal dijo que cuando se conoció la propuesta de hacer esa reforma, no lo vio mal; sin embargo, insistió en que con lo que ha pasado con la salud de los maestros del país no da su voto. “Miren lo que pasó con el Fomag, el presidente dijo que el experimento no funcionó. Nosotros somos el experimento de este Gobierno”.
Asimismo, Didier Lobo, senador de Cambio Radical, señaló que “le preocupa” que esta reforma pueda ser una “cortina de humo”, de parte del Gobierno.
“El presidente está ensañado a poner cortinas de humo y esto puede servir de cortina de humo, para seguir aquí con el problema de los altos costos de tarifas, y entonces van a decir, que cuando se modifique la ley 142 es que comenzaremos a darle solución”, expuso.
Por su parte el senador del Centro Democrático Carlos Meisel sostuvo que durante un encuentro en la Casa de Nariño le dijo “presente la reforma para conocerla, pero esto no puede ser hoy un factor distractor, porque las herramientas para arreglar los problemas en el Caribe las tiene”.
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Reiteró que desde la oposición se considera como “nocivo el Gobierno”, porque según el senador este gobierno le ha generado “ daños al país y como sociedad, pero eso no quiere decir que en el tema de energía, le podemos decir al Gobierno, aquí estamos para trabajar”.
El congresista de Cambio Radical reconoció que no conoce el borrador de la reforma y por esa razón no puede hacer un juicio o “satanizarla”, pero reiteró que no debe ser “una cortina de humo para que los caribeños sigamos con el problema que hemos venido padeciendo durante muchos años”.
Por otro lado, el senador de la U, José David Name, dijo conocer bien la Ley 142 y la 143, porque el autor de estas dos leyes fue su padre, José Name (fallecido).
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Puso de presente que esta ley cuenta con toda las herramientas para sacar adelante el tema de los servicios públicos: “En un futuro, lo podrán decir los del sector energético, se puede necesitar una reforma, pero con la actual está bien”.
Otro de los parlamentarios que respalda que no hay necesidad de reformar la actual ley de Servicios Públicos es el senador conservador Efraín Cepeda.
Así como el senador Lobo, el congresista conservador dijo desconocer el borrador de la reforma; sin embargo, coincidió con otros senadores que la Ley 142 tiene los instrumentos para ponerlos a andar. “Hoy no es necesaria esa ley para adoptar las soluciones que se vienen reclamando y que incluso el propio Gobierno ha reconocido”.
Dijo, además, que lo que se necesita es tomar acción: “No podemos esperar una ley de servicios públicos para que se solucione el problema”.
