Ante la petición de la Procuraduría General de la Nación en el sentido que sea suspendido el contrato entre Triple A e Inassa por el presunto pago de servicios de asesoría técnica del acueducto, que no estarían siendo suministrados, el secretario Jurídico de la Alcaldía, Jorge Padilla, dijo que espera que no se vea afectada la prestación de los servicios públicos domiciliarios de los barranquilleros.
Padilla manifestó que son respetuosos de las decisiones de la Procuraduría y que esta petición de suspensión del contrato la hacen con base en unas competencias que tienen por norma.
'La competencia es para solicitar la suspensión de un contrato que es entre una empresa mixta (Triple A) y un privado (Inassa). Habrá que mirar dentro de los cinco días siguientes si suspenden el contrato o no atendiendo que son empresas con un régimen privado de contratación y esto tendrán que mirarlo los jurídicos de cada empresa', explicó.
Agregó que piden a la Procuraduría en su fuero que valore la garantía de la prestación de los servicios públicos domiciliarios del Distrito que se hacen a través de esta empresa.
Destacó que para la ciudad es importante que los servicios públicos se presten sin detrimento de que la Procuraduría, según sus competencias, investigue. Dijo que ellos apoyan esta tarea, porque como órgano de control está en todo su derecho de revisar las actuaciones de los que ejercen función administrativa pública.
Sobre la petición de la Procuraduría, el concejal Juan Camilo Fuentes (Partido Conservador) dijo que ha insistido en varias oportunidades en la necesidad de realizar en el Concejo un debate a Triple A.
Fuentes consideró la petición de la Procuraduría como un 'campanazo', otra 'alerta' más de que las cosas en la empresa de servicios se deben revisar a fondo. 'Hay que ponerle la lupa a toda las operaciones de Triple A para evitar que existan irregularidades o que se presenten situaciones como esta', afirmó.
El concejal agregó que son casi $222.000 millones que, al parecer, están 'embolatados' y los que sufren son los barranquilleros.
'Nosotros somos socios de Triple A, tenemos el 14,5% de acciones y esta situación no puede pasar desapercibida. Hay que hacer un gran debate, examinar con lupa todas las operaciones que ha realizado Triple A en los últimos años y si hay algún tipo de irregularidad que le caiga todo el peso de la ley'.
Sostuvo que envió un derecho de petición a la empresa en el que solicitó información, pero no lo contestaron. También cuestionó que no quieran ir al Concejo ni mandar informes, porque ellos creen que se rigen por el derecho privado.
Por su parte el concejal Carlos Meisel (Centro Democrático) dijo que espera que la Procuraduría tenga el esquema probatorio que demuestre que el contrato de asesoría entre Inassa y Triple A no le ha generado a esta última ningún impacto palpable.
'Si eso es así, en mi calidad de concejal estoy en mi deber de hacer valer esa investigación para buscar tumbar eso y convertirme en un aliado de la Procuraduría en este tema', manifestó Meisel.
Agregó que propuso un debate en el Concejo, pero fue engavetado. Meisel considera que hay que esperar que pruebas tiene el Ministerio Público frente a este caso. Por último, hizo el llamado a que todas las autoridades le pongan el empeño a esclarecer este tema.
Por su parte, el concejal Juan Ospino (Partido de la U) aseguró que si la Procuraduría tiene una decisión sustentada en la investigación judicial vale la pena que proceda, pues su rol es precisamente salvaguardar los intereses de los ciudadanos.
