El nombre de Alejandro Rafael Hernández Vidal salió a relucir tras la ‘operación Pandora’ que lanzó la Fiscalía para 'destapar' las supuestas irregularidades existentes en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, en el departamento del Atlántico. Este caso tiene hoy implicados al secretario de Educación, Dagoberto Barraza, el funcionario público Emil Armando Pacheco y los contratistas Uriel Eduardo Reyes y Félix Enrique Barrios.
Pero, ¿quién es Hernández Vidal?, considerado ‘el Zar’ del PAE en la Región Caribe. Este contratista nació en Ovejas (Sucre), tiene 45 años, es casado y psicólogo de profesión, con especialización en Desarrollo Social. Desde hace varios años reside en el barrio Manga, de Cartagena junto a su familia.
Según la Fiscalía, ‘el Zar’ era 'el dueño' de los contratos para la operación del programa, el encargado de 'controlar' varias fundaciones que suministraban los servicios a las uniones temporales. Su radio de acción son los departamentos de Córdoba, Sucre, Atlántico y La Guajira, donde llegó a manejar recursos por el orden de los $726 mil millones a través de 1.520 contratos o convenios.
Según la Fiscalía, Hernández Vidal 'ejerció control' sobre una fundación que se 'desprestigió' porque prestaba un mal servicio. Como consecuencia de ello, la organización cambió su nombre por Fundación Colombia Digna, que luego tomó control de la Fundación Rey de Reyes.
'Tomó el control de la fundación sin ánimo de lucro Fundación Rey de Reyes, inicialmente representada por el señor Uriel Reyes, que luego se denominó Fundación Alcanzando Nuestros Sueños', dijo la fiscal durante la audiencia.
Un conocido de Hernández Vidal le dijo a EL HERALDO que este acostumbra a realizar acuerdos políticos con diferentes sectores, con tal de conseguir los respectivos contratos. 'Él ha trabajado en todo el país con sus fundaciones', dijo.
Al Atlántico llegó en el año 2012 y desde entonces maneja con distintos sectores políticos los temas contractuales. La Fiscalía lo investiga desde marzo de ese año, aunque según registros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en 2010 lo llamó en varias oportunidades para 'aclarar' formatos relacionados con la experiencia acreditada, puesto que no concordaba con los pliegos de condiciones estipulados en varios de los contratos.
En la actualidad Hernández Vidal tiene vigente una orden de captura junto con un sobrino. Una fuente le dijo a este medio que la Fiscalía ya está tramitando una solicitud ante la Interpol contra ‘el Zar’, para que se emita la orden de detención a nivel internacional.
'Vidal controla distintas entidades sin ánimo de lucro y sociedades comerciales, valiéndose de familiares y amigos, realizando constantes cambios de las empresas y razones sociales, orientando este esquema a la consecución de contratos estatales de alimentación escolar, desde el año 2012', dijo la Fiscalía durante una de las audiencias de control contra los procesados por las irregularidades del PAE en Atlántico.
Las UT 'se armaron antes'
En la audiencia realizada el viernes, la Fiscalía sostuvo que la Fundación Salud y Bienestar –Fundasalud Colombia–, mediante acta del 18 de enero de 2016 autorizó a su representante legal Jesús Altamar Escorcia, para contratar el PAE del Atlántico; es decir, un día antes de la firma del decreto de urgencia manifiesta expedido el 19 de enero de 2016.
Por lo tanto, la Fiscalía presume que la Unión Temporal Nutrir Atlántico se armó porque los contratistas 'ya conocían' que ellos serían los favorecidos con el contrato 0107*2016*000013 para la ejecución del PAE en 2016, cuando aún la Gobernación no se había pronunciado sobre la modalidad de contratación para la ejecución del programa, dado que solo hasta el 19 de enero de 2016 se optó por la declaratoria de urgencia manifiesta.
Sobre la fundación Rey de Reyes, representada por Uriel Reyes, la Fiscalía dijo que tienen 'suficientes elementos probatorios' que permiten establecer que fue comprada por Alejandro Hernández Vidal, con el aval de Félix Enrique Barrios Ballestas, para la ejecución del PAE en Atlántico.
Barrios Ballestas representó a la Fundación Impacto Social, relacionada con David Camacho Benítez, considerado como la persona que tenía el 'monopolio' para controlar la operación del PAE en Cartagena.
'Camacho Benítez se comunica vía telefónica con Hernández Vidal para que entre a manejar el PAE en Atlántico y se convierta en su socio', dijo una fuente.
De acuerdo con informes de la Contraloría General de la República y la base de datos del Secop, ‘el Zar’ ha tenido entre los años 2013 y 2016 'un marcado interés' en la contratación del servicio del PAE, a través de diferentes uniones temporales, para lo cual ha utilizado como intermediarios a diferentes fundaciones.
'En estas contrataciones se vulneraron principios que rigen la contratación administrativa, Ley 80 de 1993, principio de transparencia, selección objetiva, entre otras', dijo la Fiscalía durante una de las audiencias.
Y es que la captura de Dagoberto Barraza y tres personas más fue apenas la punta del iceberg de una red presuntamente liderada por Hernández Vidal, quien haciendo uso de diferentes uniones temporales, consorcios y empresas a nombre de conocidos y familiares habría logrado, desde 2012 a la fecha, la adjudicación de los contratos. El más reciente, según la Fiscalía, fue en julio de este año con el PAE en el Magdalena, por más de $33.000 millones.
Durante la audiencia del pasado viernes, la Fiscalía citó el trabajo ‘El billonario negocio de los alimentos escolares, bajo la lupa’, publicado en EL HERALDO el 17 de agosto de 2015, donde se reseñó que el PAE estaba bajo el escrutinio público, luego de que la Defensoría del Pueblo confirmara la contaminación de desayunos y almuerzos en colegios del Atlántico que atiende Mineducación.
Capturado
Entre las diferentes uniones conformadas con diferentes empresas por Hernández Vidal, la Fiscalía destaca Cooseheroica, que tiene como representante legal a David Camacho Benítez, considerado el líder del monopolio del PAE en Bolívar, por lo que fue capturado en Cartagena en noviembre de 2018, hechos en los que también ha sido vinculado el suspendido exalcalde de Cartagena Manuel Duque, que actualmente cumple prisión domiciliaria.
El ente investigador dice tener material que demuestra que para la ejecución de dos contratos del PAE de 2016, que desencadenaron la investigación en el Atlántico, 'se falsificaron facturas de compra, firmas de rectores y planillas manipuladas con información de ‘estudiantes fantasmas’ o estudiantes repetidos en múltiples ocasiones, para justificar pagos que
inicialmente no eran aprobados por la interventoría, debido a las irregularidades detectadas'.
El ente investigador advirtió que Alejandro Hernández 'sigue ejecutando' contratos, 'logrando burlar' denuncias e informes como los presentados por la Defensoría del Pueblo y la Secretaría de Salud para el caso del Atlántico entre el 2014 y el 2017, que dan cuenta de la falta de calidad, la falta de salubridad, de nutrientes y el deficiente peso de las porciones de los alimentos que incluso ponen en riesgo la vida de los niños, niñas y adolescentes de 4 a 12 años.
Hechos revelados por la Fiscalía, a través de la investigación, muestran que el entramado 'de corrupción' implica a funcionarios públicos del mismo organismo y de la Contraloría, quienes están identificados y al parecer habrían recibido dinero para filtrar información y frenar la investigación.
