Con la presencia de representantes del Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) se llevará a cabo la Asamblea Popular de Usuarios de Servicios Públicos Domiciliarios en Barranquilla.
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El eje central de esta Asamblea –que también contará con representantes de la Personería Distrital, la Defensoría del Pueblo, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico (CRA), Air-e y la Triple A– será el seguimiento a los compromisos del Gobierno en torno a los alivios tarifarios de energía eléctrica.
Gary Martínez, vocero del Comité organizador de la Asamblea, sostuvo que el Ministerio de Minas y Energías presentará un informe en el que le explicará los avances para lograr alivios tarifarios tras el compromiso hecho por el presidente Gustavo Petro, el pasado 7 de mayo, en Barranquilla.
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“Ya se conoce un acuerdo público que, tenemos entendido, va a impactar en un 10 %, pero lo que entendemos es que van a surgir nuevos alivios tarifarios. Entonces, ese va a ser un espacio dentro de la Asamblea para conocer esos otros alivios”, indicó el líder social.
En el desarrollo de este evento, el comité presentará una iniciativa que busca impulsar la creación de una nueva empresa de energías limpias. La Empresa de Energías Limpias del Atlántico (EELA) se conformaría partiendo del mecanismo de participación ciudadana, denominado Iniciativa Normativa Popular, que está contemplado en la Constitución y la ley.
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Martínez recalcó que lo que se busca es evitar las dificultades que se han generado con las distintas operadoras: “Es una propuesta que nosotros venimos diseñando desde hace dos años y tiene como propósito que sea principalmente pública, porque así se va a garantizar que las tarifas se cobren a bajo costo y que su administración sea pública”.
Otro punto que se abordará en el encuentro es la creación de una comisión interinstitucional para el acompañamiento y resolución de conflictos a los “abusos” a los ciudadanos. En dicha instacia habría participación de la Creg, la Superintendencia de Servicios Públicos y los ciudadanos para hacerle seguimiento y poder darle “respuesta de manera oportuna y favorable a los reclamos ciudadanos en la prestación de servicios de energía”.
