Once días completa el paro nacional indefinido de docentes. Las negociaciones entre la Federación Colombia de Trabajadores de la Educación (Fecode) y el Gobierno se retomaron el jueves pasado, pero se mantienen las diferencias en los siete puntos, pero tres son considerados como fundamentales dentro del pliego de peticiones.
Fecode ha señalado que espera del Gobierno soluciones concretas a las peticiones del magisterio y que 'no dilate los diálogos con el argumento de que no hay recursos'.
El primer punto clave dentro de la negociación está lo que ellos consideran 'bajos salarios'. Los docentes le exigen al Gobierno que cumpla lo pactado el 7 de mayo de 2015 en cuanto a la nivelación salarial. El Ejecutivo se comprometió a incrementar un punto porcentual adicional al reajuste salarial que por ley decreta anualmente para los trabajadores del sector público. También se comprometió a incrementar diez puntos porcentuales de la siguiente manera: dos puntos en 2016, dos en 2017, tres en 2018 y tres en 2019. El reajuste de los primeros años no se ha cumplido, según el Gobierno, por falta de recursos, situación que es rechaza por Fecode.
También exigen el mejoramiento salarial para los docentes etnoeducadores que han obtenido un nuevo título universitario, de manera que su salario se corresponda con dicha titulación. Quieren el reconocimiento y pago de la bonificación por servicios prestados a los docentes excluidos de lo contemplado en el decreto 2418 del 11 de diciembre de 2015.
El segundo tema clave guarda relación con la sobrecarga laboral que les genera la jornada única. Los docentes piden revisar las relaciones técnicas maestro-alumnos-aula de clase, teniendo en cuenta las realidades de los contextos en correspondencia con las recomendaciones de la ONU, así como garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la educación pública preescolar hasta la educación media y programas de formación complementaria de las Escuelas Normales Superiores.
Fecode igualmente rechaza la utilización del mecanismo del fast track para tramitar reformas educativas que afecten la educación pública y las condiciones laborales y salariales de sus trabajadores.
