Corrían los primeros meses de 2017 y las noticias negativas se apoderaban del canal de acceso al Puerto de Barranquilla. Dos urgencias manifiestas declaradas en abril y junio evidenciaban la falta de planificación y el poco compromiso del Gobierno de ese momento para cumplir con su obligación de mantener navegable el río Magdalena.
El desvío de embarcaciones a otros puertos cercanos, no solo provocaba la airada reacción del gremio portuario local y de las autoridades, sino que afectaba directamente la competitividad de la ciudad y de su puerto, en el que el 60% de la carga se quedaba como suministro para jalonar la economía barranquillera.
Fue entonces cuando gracias a esa presión de la ciudad, el Instituto Nacional de Vías, Invías, que en ese entonces estaba bajo la dirección de Carlos García Montes, anunció que realizaría un estudio con el que se pondría fin a las especulaciones por los altos niveles sedimentológicos del río, las supuestas afectaciones por la construcción de estructuras en su interior y se analizaría la posibilidad de su profundización.
Dicha consultoría, denominada estudios y diseños de mejoramiento en la infraestructura y navegación del canal de acceso al Puerto de Barranquilla, fue adjudicada en julio de 2017 y prometía tener resultados certeros en un plazo menor a seis meses.
Sin embargo, dos años después de su adjudicación, el estudio ha dejado dudas que han llevado a que la consultoría, que inicialmente estaba pactada en $4.250 millones, ya lleve 5 prórrogas y dos adiciones presupuestales que suman $1.850 millones.
El contrato actualmente está suspendido por decisión del Invías. El consorcio que realiza la consultoría solicitó en marzo la suspensión del contrato, alegando que está a la espera de la respuesta a un trámite por parte de las Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Es decir, la firma que se quedara con el contrato debía ejecutar un presupuesto mensual de $850 millones durante los cinco meses que duraría la consultoría. Presupuesto bastante alto y poco justificable de su gasto, según lo manifestado por expertos del sector.
Las observaciones realizadas por los aspirantes durante el proceso licitatorio y los cuestionamientos hechos por la academia y expertos en el sector generan dudas sobre si hubo errores en la elaboración de los pliegos definitivos para el proyecto.
Pero también la demora en la entrega de los estudios y sus adiciones en tiempo y presupuesto ponen a pensar a los expertos del sector en si el contratista ganador de la licitación era el idóneo para ejecutar un proyecto tan fundamental y que servirá de insumo para una APP que tendrá vigencia de 13 años.
