Una interminable polémica se ha generado luego de que la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, revelara en exclusiva a EL HERALDO que una de sus principales objeciones para frenar el proceso de la nueva APP del río Magdalena era la falta de una licencia ambiental, que no estaba incluida dentro de la estructuración del proyecto.
Orozco afirmó que no se realizó un estudio de impacto socioambiental detallado, sino que, de manera 'exprés', se obtuvo una guía de manejo ambiental para llevar a cabo las obras con las que el Gobierno garantizará la navegación a lo largo del Magdalena.
Estos reparos fueron contrariados desde tempranas horas por el representante a la Cámara, César Lorduy Maldonado, quien a través de su cuenta de Twitter publicó un documento de la Subdirección de Evaluación y Seguimiento de la Autoridad Nacional Ambiental, Anla, en donde se aclara que el proyecto en referencia no necesita de una licencia por parte de esta entidad.
En la misiva la Anla detalló que, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1076 de 2015, el proyecto de la nueva APP del río Magdalena no demanda el trámite de licencia ambiental. No obstante, deja claro que se deberá consultar a las Corporaciones Autónomas Regionales con jurisdicción en las zonas en las que se desarrollará el proyecto.
Lorduy Maldonado señaló que sí se debe hacer el estudio socioambiental, tal como lo plantea la ministra; el proyecto de la APP 'nunca saldrá', porque se tendrían que realizar consultas previas o consultas ambientales, lo que ha generado que muchos proyectos en el país no se hayan podido ejecutar.
La mayoría de estos proyectos —afirmó Lorduy—, tienen dificultades porque los costos terminan triplicándose. Como ejemplo de esta situación, el representante a la Cámara citó el caso de la línea de energía Cuestecitas-Riohacha-Maicao, cuya oferta inicial era de $200 mil millones, terminó recibiendo una sola oferta y por $600 mil millones.
Confusión
Ante las afirmaciones realizadas por el congresista y la jefa de la cartera de Infraestructura, este diario consultó a un vocero de la Autoridad Nacional Ambiental, quien reiteró que la APP del Río no requiere esta licencia, sino de la herramienta del ‘Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, Paga’.
El vocero de la Anla aseveró que la ministra Orozco 'pudiese estar confundiendo' las guías para mejoramiento con la licencia ambiental, y reiteró que lo que se establece para estos casos 'es el Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, Paga, que debe aplicar la guía de acuerdo al subsector'.
El Paga es una herramienta administrativa del sector transporte para optimizar y mejorar la calidad de las obras. El Invías adoptó este programa como instrumento de autogestión y autorregulación para el sector, con el fin de que se identificaran los impactos ambientales y sociales, como un requerimiento en los contratos de concesión y de obra.
Esta herramienta, por ejemplo, sirve de control en actividades de mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de carreteras, teniendo presente que estas últimas no requieren licencia ambiental.
El Ministerio de Ambiente emitió el Decreto 1023 de 2005, 'Por el cual se adoptan las guías ambientales como instrumento de autogestión y autorregulación', cuya implementación es de carácter obligatorio y constituyen el compromiso del sector de infraestructura con el desarrollo sostenible.
