Los alcaldes de los municipios del Atlántico afectados por la suspensión diaria de energía han vuelvo a expresar su descontento por esta medida, teniendo en cuenta que vulnera los derechos fundamentales de las comunidades.
La alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, sostuvo que es necesario que se adopten acciones en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Servicios Públicos y la Procuraduría frente a esta problemática.
Orozco sostuvo que se requiere contar con un concepto jurídico para tomar las decisiones correctas sobre la propuesta, en materia de inversión, planteada por Air-e a todos los alcaldes municipales.
A su turno, el alcalde de Luruaco, Ameth Juan Hanna, calificó de “despiadada” a la empresa de servicios, por tratar de recuperar una cartera morosa de muchos años. Por esa razón propuso que se inicien acciones legales, en lugar de cortar el servicio a toda la población.
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“Esto es una situación que afecta a la familia, genera protestas y nos puede llevar a un caos y a unas consecuencias lamentables en el futuro”, dijo el mandatario local.
Mientras que el alcalde de Repelón, Jorge Reales Martínez, indicó que se encuentran en la búsqueda de un punto de equilibrio para defender los intereses de sus localidades y garantizar un servicio público eficiente.
“Estamos pensando acudir al Ministerio Público, al Ministerio de Minas y Energías y a nuestras comunidades, para hacer las mesas técnicas necesarias y acudir a todas las vías de hecho legal”, señaló.
Por su parte, el alcalde de Piojó, Fernando Tejera, manifestó que trabajarán en conjunto con la Defensoría del Pueblo para tomar acciones legales y escalar el problema a nivel nacional, principalmente con el presidente de la República.
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“Estamos siendo afectados millones de personas, y creo que esta no es una situación que solamente la podamos arreglar desde los municipios de sexta categoría y desde cualquier municipio del Atlántico. Esto ya es una cuestión histórica”, puntualizó.
Cabe recordar que la medida de períodos de continuidad por parte de Air-e se aplica en 13 sectores del Atlántico, por una deuda acumulada cercana a $1 billón. Estos cortes de energía también se adelantan en zonas de los departamentos de Magdalena y La Guajira.
