Una nueva protesta en el acceso del nuevo puente, que une a Pasacaballos con la isla de Barú, organizaron ayer vendedores informales de alimentos de la zona, lancheros y trabajadores que se ganan la vida transportando vehículos y viajeros en los ferrys.
La oposición es al plan de compensación económica propuesto por el Distrito. Cerca de 50 habitantes de Pasacaballos y de Barú, que dependen su sustento diario de la venta de pescados, frutas, jugos, fritos y viajes en lanchas, se tomaron el paso del puente, que aún no ha entrado en funcionamiento.
Este grupo de inconformes ha amenazado con impedir la inauguración del puente, prevista para finales de este mes.
El gobierno distrital les ha propuesto indemnizaciones de 7 a 11 millones de pesos, sin embargo varios de ellos consideran que no es suficiente.
'Esa plata que nos están proponiendo es ridícula', dijo Justina Meléndez, quien lleva años de ganarse la vida a orillas del Canal del Dique, vendiendo alimentos.
El viejo sistema de ferrys para transportar a turistas y habitantes de la isla y Pasacaballos generó un comercio en ambas orillas del Dique.
De las 192 personas que se indemnizarán, 29 lograron un acuerdo; 17 más, o ya iniciaron el proceso, o están por llegar a un acuerdo. Y hay 145 pendientes.
La directora de Valorización del Distrito, Cecilia Bermúdez, dijo que a todos se le reconocerá el compromiso adquirido de indemnizarlos. Además, serán capacitados para realizar otras actividades que generen ingresos para sus hogares.
El puente tuvo un costo de $21.000 millones y tiene una longitud de 585 metros y trece metros de ancho. VA
