Es una humilde artesana de Tiquisio, en el sur de Bolívar. Con sus manos, curtidas y llenas de callos, también aprendió por necesidad a trabajar en las minas de oro de la zona.
Aunque encontró la forma de sobreponerse a una dura labor que suele ser de hombres, lo que no estaba entre sus planes es que sería mucho más duro tener que cargar con la cruz de la violencia.
Ella, a quien vamos a llamar María porque dice que siente temor de pronunciar su nombre real, lleva a cuestas el peso de tres desplazamientos forzados.
En cada uno, desde 1998 hasta el pasado mes de enero, le ha tocado comenzar desde cero. Sin embargo, ahora que por tercera vez se ha visto obligada a abandonar su terruño, siente que las fuerzas son cada vez más escasas.
Un doloroso periplo
Sentada en la sala de espera de un punto de atención a víctimas, en un puerto de la Costa Caribe, relata que el último lugar del que la sacó la violencia fue de Norosí, sur de Bolívar, donde trabajaba junto a su esposo, en una mina de oro, tras los dos desplazamientos anteriores.
Hasta allí llegó luego de que un grupo subversivo la obligara a salir de Tiquisio, en 1998, y posteriormente de Barranco de Loba, donde miembros del Clan Úsuga tampoco le dejaron otra opción, y también tuvo que huir a comienzos del año pasado. Desde ese entonces estuvo junto a su esposo y sus cuatro hijos en Norosí.
'Después de que salimos por primera vez de Tiquisio, nos tocó coger hacia Barranco de Loba, donde nos pedían una vacuna de $1 millón, cada tres meses. De ahí arrancamos hacia Norosí, donde fue mucho peor. Allá también el Clan Úsuga cobra $1 millón, pero cada dos meses. En conclusión, quedamos más acorralados que antes', dice la mujer.
'Prenda de garantía'
Por eso, cansada de pagar ‘vacunas’ en Tiquisio, Barranco de Loba y Norosí, la artesana tomó la decisión de huir en enero pasado.
Lo hizo cargando con sus cuatro hijos y los pocos enseres que pudo recoger. Sin embargo, su marido no pudo hacer lo mismo. Él sigue en Norosí, como 'prenda de garantía', porque aún hace falta dinero por pagar. 'Desde que salí de Norosí, con mis cuatro hijos, me han llamado a cobrarme cinco veces los del Clan Úsuga. Me dicen que me vine sin pagarles $1 millón que, según ellos, todavía se les debe. Mientras tanto, mi esposo tiene que seguir allá en Norosí, sin poder hacer nada para estar con nosotros que somos su familia'.
Desde que se vio obligada a salir de Norosí, la víctima de desplazamiento no ha contado con dinero para pagar el arriendo de un modesto apartamento en el que vive, junto a sus cuatro hijos. Allí la mensualidad es de $150 mil.
Ahora, mientras espera estar nuevamente con su marido, ha iniciado los trámites con la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas en Bolívar, donde viene recibiendo asesoría y acompañamiento ante la dura situación que afronta junto a sus cuatro hijos, lejos de su hogar.
Al igual que esta mujer, una situación muy similar viven decenas de comerciantes, ganaderos y, hasta docentes, en otras poblaciones apartadas del sur de Bolívar, por cuenta de los cobros extorsivos de bandas criminales como el llamado Clan Úsuga.
Los buscan
Como lo dio a conocer EL HERALDO, en su edición del pasado lunes 23 de marzo, las autoridades han manifestado que se encuentran tras la pista de alias Jonathan, quien es señalado como líder de las llamadas Autodefensas Gaitanistas del bloque Héroes del Sur, del Clan Úsuga. Esta organización delincuencial cuenta con injerencia en poblaciones como Achí, Montecristo y Tiquisio, entre otras.
Recientemente fueron capturados alias Flaco Pajón y alias Chino Mico, presuntos integrantes del Clan Úsuga.
Paula Gaviria Betancur, directora nacional de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, dijo que, en el marco del proceso de paz con las Farc que se desarrolla en La Habana, Cuba, es 'prioridad para el Estado que no se descuiden las zonas del país en las que han emergido nuevos grupos armados'.
En su opinión, la situación del sur de Bolívar, zona de la que ha sido desplazada en tres ocasiones la mujer entrevistada por EL HERALDO, amerita mayor presencia del Estado.
Asegura que la Unidad ha venido desarrollando estrategias para que la población civil recupere la confianza en la institucionalidad.
Según Paula Gaviria Betancur, con base en un trabajo conjunto con los alcaldes del sur de Bolívar, 'el Estado ha priorizado esta zona del país y se han venido trabajando de la mano con la fuerza pública, para garantizar los derechos de la población'.
Para el postconflicto
De acuerdo con la funcionaria del Gobierno nacional, la presencia de grupos armados han impedido el ingreso del Estado a algunas zonas del país, lo que se convierte en un reto para el postconflicto, en caso de que se logre un acuerdo de paz con las Farc para que cada una de las víctimas esté plenamente identificada.
'En las zonas donde hay presencia de autores armados y en las que el Estado no ha podido ingresar, se ha iniciado un despliegue con la fuerza pública para consolidar el proceso. Este, sin duda, es uno de los principales retos', puntualizó.
