El Tribunal Administrativo de Bolívar tuteló los derechos al debido proceso y consulta previa de los Consejos Comunitarios de Majari del Níspero y Flamenco, corregimientos de Marialabaja, norte de Bolívar; y Pasacaballos, de Cartagena, por encontrarse en la zona de influencia de la construcción del gasoducto Loop San Mateo-Mamonal, llamado también Gasoducto del sur, entre Sucre y Bolívar.
La decisión conmina a la Dirección de Consulta Previa del Ministerio del Interior a verificar si estas comunidades se encuentran en el área de influencia del gasoducto.
El Ministerio del Interior solo certificó a la comunidad indígena de Peñata, en Sucre. En tanto, las comunidades negras de Bolívar sostienen que se les desconoció y que el gasoducto atraviesa territorios afros. En los corregimientos en mención se planea instalar válvulas de control que regularán el paso del gas.
El magistrado ponente José Fernández Osorio consideró que, en caso de que se certifique que las anteriores comunidades sí son afectadas, deben convertirse en sujeto activo de consulta previa, por lo que el Ministerio tendría un plazo de 48 horas para dar inicio a las medidas ordenadas. El proyecto de construcción y operación del gasoducto debe, según el Tribunal, socializarse y establecer medidas preventivas, de corrección, compensación y mitigación de impactos.
Wilman Herrera, abogado asesor de las comunidades tuteladas, manifestó que espera que el Ministerio, a través de su Dirección de Consulta Previa, realice la verificación y certifique a estas comunidades, para que se desarrolle el proceso de consulta.
Agregó que Promigas, empresa que desarrollará el proyecto, debe llegar a un 'acuerdo de voluntades para sacarlo lo más pronto posible'. Indicó que debe haber un proceso en el que las comunidades 'se vean referenciadas'.
'La legitimidad la da la comunidad y si no lo da la comunidad, no se sabe qué pueda pasar, de seguro habrá un pronunciamiento de esta', advirtió el abogado.
El gasoducto ampliará la capacidad de transporte de gas natural de Promigas y conectará al Sistema Nacional de Transporte los yacimientos de Hocol y Canacol que contienen reservas importantes para la disponiblidad de este combustible del país. Tendrá una longitud de 189,5 km y requerirá inversiones por alrededor de US$192 millones.
